La Policía anunció contención para sus efectivos, pero hay familias que aseguran que las dejaron solas

La Policía de Salta presentó una nueva Dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial Policial, una estructura que, según el anuncio oficial, tendrá psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y abogados para brindar acompañamiento, contención, asesoramiento, abordaje y seguimiento de casos. También se anunció que contará con representantes en los 14 Distritos de Prevención para acercar esa asistencia al personal policial. El discurso institucional es claro: ningún efectivo debería atravesar solo una situación compleja.

Pero mientras la fuerza presenta esta nueva estructura como una herramienta para acompañar a sus integrantes y sus familias, dentro de la propia institución aparecen relatos que obligan a preguntar cuánto de ese acompañamiento llega realmente cuando un policía atraviesa una situación crítica. Una familia de Orán sostiene que, durante meses, tuvo que enfrentar prácticamente en soledad las consecuencias laborales, económicas y familiares derivadas de la situación de salud de un efectivo policial, sin recibir —según su relato— asistencia ni siquiera durante una internación de extrema gravedad.

La situación comenzó meses atrás, cuando el efectivo fue alcanzado por una de las últimas disposiciones administrativas vinculadas a las licencias. Según relata su esposa, una noche se presentó a trabajar en la dependencia donde prestaba servicio y fue enviado nuevamente a su domicilio porque no figuraba habilitado en el sistema de presentismo. Posteriormente, al consultar con distintas áreas, la familia habría tomado conocimiento de que debía usufructuar las licencias adeudadas. Lo que siguió fue un proceso que, de acuerdo con el testimonio recibido por El Caudillo, terminó afectando seriamente su salud: el 31 de agosto sufrió un ACV isquémico asociado a un cuadro de hipertensión e hiperglucemia y permaneció 18 días internado en terapia intensiva. Sobrevivió, pero quedó con secuelas neurológicas permanentes y, según la familia, con una capacidad laboral severamente comprometida.

Lo que indigna es la ausencia que la familia asegura haber experimentado por parte de la institución. Su esposa, también policía en actividad, afirma que durante la internación nadie de la Regional de Orán se acercó a consultar por el estado del efectivo ni a ofrecer asistencia, y que tampoco recibió contacto institucional para conocer qué necesitaban como familia. Con cuatro hijos menores a cargo, tuvo que recurrir a sus propias licencias para acompañarlo y, actualmente, asegura que debe realizar adicionales para afrontar los gastos derivados de la recuperación, mientras su marido permanece con secuelas que le dificultan volver a trabajar.

El relato es aún más incómodo después del anuncio realizado el 23 de septiembre. La Policía acaba de crear precisamente un organismo destinado a acompañar, contener y hacer seguimiento de casos; al mismo tiempo, existen familias de efectivos que aseguran que cuando necesitaron ese acompañamiento tuvieron que arreglarse prácticamente por sus propios medios. La nueva Dirección puede ser una herramienta importante, pero su verdadera eficacia no se medirá en una conferencia de prensa ni en la cantidad de profesionales que figuren en su organigrama, se verá cuando un policía enferme, cuando una familia quede económicamente expuesta o cuando un efectivo necesite saber que detrás del uniforme también existe una institución capaz de sostenerlo.