“Debería existir la pena de muerte para estos casos”: la contundente postura de diputado Alabi tras el brutal asesinato de un adolescente en Las Lajitas

La muerte violenta de un adolescente de 16 años conmociona a Las Lajitas y deja a una familia atravesada por el dolor. Mientras la Justicia avanza con la investigación y dos hombres mayores de edad fueron detenidos como sospechosos, desde el departamento Anta crece el pedido para que el caso no quede impune.

El adolescente fue encontrado sin vida este domingo 27 de septiembre en una propiedad rural de Las Lajitas, en inmediaciones de un canal. La Fiscalía Penal 2 de Anta, a cargo de César Arturo Saravia, intervino en el lugar y ordenó distintas pericias. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia. Posteriormente, allanamientos realizados por la Brigada de Investigaciones terminaron con dos hombres mayores de edad detenidos. Ambos serán imputados provisoriamente por la presunta comisión del delito de homicidio criminis causa.

En medio de la conmoción, el diputado provincial por el departamento Anta, Enzo Alabi, habló sobre el caso con El Caudillo y apuntó directamente al funcionamiento de la Justicia. Según manifestó, los sospechosos ya habrían estado vinculados anteriormente con otros episodios violentos y cuestionó que personas con antecedentes puedan recuperar la libertad y volver a quedar en las calles.

“El pueblo de Las Lajitas sufrió un hecho de violencia lamentable que dejó como saldo la muerte de un nene de 16 años”, sostuvo Alabi durante la entrevista.

El legislador aseguró que, de acuerdo con la información que maneja, los ahora detenidos habrían protagonizado otros episodios de violencia en la zona. Mencionó intento de asesinato ocurrido aproximadamente tres meses atrás y señaló además antecedentes de agresiones contra animales, niños y vecinos.

Sin embargo, el punto central de su planteo estuvo puesto en la actuación posterior de la Justicia. “El problema mayor es que entran y salen”, afirmó Alabi, al cuestionar el hecho de que personas señaladas por episodios anteriores puedan recuperar la libertad.

En ese sentido, el diputado diferenció el accionar policial de las decisiones judiciales y sostuvo que muchas veces las críticas recaen sobre la Policía cuando, desde su perspectiva, el problema estaría relacionado con las resoluciones adoptadas por fiscales y jueces.

“Muchas veces culpamos a la Policía, pero el problema es de la Justicia, la falta de decisión de los jueces”, afirmó.

Alabi adelantó además que solicitará una reunión urgente con fiscales y jueces del Distrito Judicial Sur para reclamar avances en la investigación y seguimiento del caso. “Voy a pedir una reunión urgente con los fiscales y jueces del Distrito Sur para que avance rápidamente con el pedido de justicia para el niño que fue asesinado”, señaló.

El reclamo tiene como telón de fondo una familia que atraviesa una pérdida imposible de dimensionar. La investigación continúa y la Fiscalía mantiene distintas medidas para establecer cómo ocurrió el fallecimiento y determinar la responsabilidad de los sospechosos. Desde el Ministerio Público Fiscal también solicitaron prudencia en la difusión de información debido a que la víctima era menor de edad.

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Alabi sostuvo que, a su criterio, los responsables no deberían recuperar la libertad y cuestionó la posibilidad de que condenados por hechos de extrema gravedad puedan volver a las calles después de algunos años.

Incluso fue más allá y expresó una postura personal respecto de la pena de muerte: “Yo pienso que debería existir la pena de muerte para estos casos”.

 Por ahora, lo concreto es que un adolescente de 16 años murió, dos hombres fueron detenidos y la Justicia intenta determinar con precisión qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad de cada uno.

Mientras avanza el expediente, en Las Lajitas queda el dolor de una familia y un reclamo que atraviesa a toda una comunidad y es que la muerte de un adolescente no quede sin respuestas y que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias previstas por la ley.