Inocencia Fiscal II: otra vez, el saencismo se alinea con Milei y vota un beneficio para los grandes patrimonios que amplía beneficios y recorta controles

La Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas centrales del Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y ahora deberá ser tratado por el Senado. Todavía no es ley.

La propuesta fue impulsada por el Gobierno nacional, con el ministro de Economía, Luis Caputo, como uno de sus principales referentes, y busca modificar de manera profunda la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Explicado de manera sencilla, el espíritu de la norma es que el Estado deje de considerar sospechoso al ciudadano que tiene ahorros o patrimonio y simplifique los mecanismos para declarar sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes.

El proyecto amplía el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y elimina los actuales límites de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio que condicionaban el acceso al sistema. También modifica las reglas de fiscalización de ARCA y establece nuevos criterios para determinar cuándo el organismo puede cuestionar una declaración jurada.

La apuesta oficial es clara: incentivar que los dólares y ahorros que permanecen fuera del sistema formal ingresen a la economía, bajo la premisa de que una menor presión fiscal y una mayor previsibilidad pueden estimular el consumo, la inversión y el movimiento de capitales.

El Gobierno sostiene que no se trata de un blanqueo tradicional, sino de un cambio de paradigma. La idea es que el contribuyente pueda declarar sus bienes y cumplir con sus obligaciones fiscales sin quedar automáticamente expuesto a investigaciones retrospectivas por parte del organismo recaudador.

La defensa oficial se apoya en una premisa repetida durante el debate parlamentario: el contribuyente no debe ser tratado como un evasor hasta que se demuestre lo contrario.

Pero detrás de esa simplificación aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión: cuánto control pierde el Estado sobre los grandes patrimonios y qué ocurre cuando quien debe explicar su patrimonio no es un ciudadano común, sino alguien que ocupa o ocupó una posición de poder.

Y en ese punto la política vuelve a entrar en escena.

Los siete diputados de Salta acompañaron

La aprobación de Inocencia Fiscal II tuvo además un dato político de fuerte impacto para Salta: los siete diputados nacionales que representan a la provincia votaron a favor del proyecto.

El respaldo fue transversal. Por La Libertad Avanza acompañaron Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Julio Moreno Ovalle y Carlos Raúl Zapata. También votaron afirmativamente Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, integrantes del espacio Argentina Federal, vinculado al oficialismo provincial de Gustavo Sáenz. Los siete quedaron incluidos entre los 139 votos afirmativos que permitieron al Gobierno conseguir la media sanción.

En un Congreso donde el Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con bloques aliados y representantes provinciales para avanzar con sus reformas, la bancada salteña no tuvo fisuras frente a una de las iniciativas económicas más importantes de la Casa Rosada.

Los cuatro libertarios y los tres diputados identificados con el saenzismo terminaron votando en la misma dirección y respaldando una reforma que ahora deberá atravesar el Senado.

Pero mientras los diputados salteños acompañaban la iniciativa, en Buenos Aires el proyecto cargaba con una discusión mucho más incómoda.

El caso Adorni y la pregunta que atraviesa la ley

Uno de los nombres que inevitablemente aparece cuando se habla de Inocencia Fiscal es Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Milei.

Adorni quedó bajo la lupa judicial por inconsistencias vinculadas con su patrimonio y sus declaraciones juradas. El funcionario reconoció durante este año la existencia de ahorros que no habían sido incluidos originalmente y realizó modificaciones en sus presentaciones patrimoniales.

El caso adquirió todavía mayor relevancia porque Adorni y su esposa habían recurrido al régimen simplificado creado por la primera Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde diciembre pasado.

La situación abrió una discusión política que excede el caso particular: ¿hasta dónde puede llegar una norma destinada a proteger al contribuyente cuando ese contribuyente es un funcionario público que tiene una obligación adicional de transparentar su patrimonio?

La versión de Inocencia Fiscal II aprobada por Diputados intentó cerrar justamente esa puerta.

Durante el tratamiento parlamentario, el oficialismo aceptó incorporar una modificación para excluir de los beneficios del régimen a los funcionarios públicos y exfuncionarios que hayan ejercido cargos durante los últimos cinco años.

La modificación es importante porque significa que la nueva norma no puede ser utilizada por un funcionario para obtener las mismas protecciones fiscales previstas para un contribuyente común.

Los funcionarios pueden utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración y pagar el saldo que corresponda, pero quedan afuera de las principales presunciones y protecciones tributarias del régimen.

Sin embargo, la discusión no desaparece.

Porque una cosa es la situación fiscal de una persona y otra muy diferente es una investigación sobre el origen y la evolución de su patrimonio.

Regularizar una situación tributaria no significa automáticamente que un patrimonio quede fuera del alcance de una investigación judicial. Tampoco transforma en legítimo un dinero cuyo origen pudiera ser objeto de una causa penal.

Por eso el caso Adorni resulta especialmente sensible. La discusión no pasa solamente por determinar si un funcionario pagó los impuestos correspondientes, sino también por establecer si los bienes, ahorros, ingresos y gastos que figuran en sus declaraciones juradas son compatibles con su evolución patrimonial y con los ingresos que tuvo durante los años analizados.

Milei, Caputo y otros patrimonios bajo la lupa

Adorni no es el único nombre del Gobierno que quedó expuesto a partir del debate sobre declaraciones juradas.

El propio Javier Milei declaró un patrimonio superior a los $206 millones correspondiente a 2024, frente a los aproximadamente $125 millones declarados al asumir la Presidencia. El crecimiento fue atribuido principalmente a la actualización del valor de bienes que ya estaban declarados.

Su hermana, Karina Milei, también declaró un fuerte incremento patrimonial entre 2023 y 2024, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó un patrimonio de varios miles de millones de pesos, con una parte significativa de sus bienes vinculada a inversiones y activos en el exterior.

Estos aumentos patrimoniales, por sí solos, no constituyen una irregularidad. Las declaraciones juradas pueden aumentar por revaluaciones, variaciones del tipo de cambio, inversiones, ahorros o modificaciones en la valuación de los activos.

Pero el debate cobra otra dimensión cuando existen inconsistencias, denuncias o investigaciones judiciales concretas.

Y ahí aparece el principal punto político de la Inocencia Fiscal II.

La norma busca que el Estado confíe más en el contribuyente y reduzca la presunción de sospecha sobre quienes tienen ahorros y patrimonio. Esa es la filosofía que el Gobierno reivindica.

El problema es que esa misma filosofía puede ser cuestionada cuando se trata de personas que manejan recursos públicos, toman decisiones desde el Estado o tienen responsabilidades políticas.

Por eso la exclusión de funcionarios y exfuncionarios durante los últimos cinco años no es un detalle técnico. Es una frontera política que el Congreso decidió marcar durante el tratamiento del proyecto.

Una reforma que beneficia a los grandes patrimonios, pero con una puerta cerrada para los funcionarios

La oposición cuestionó la iniciativa porque considera que la reducción de las herramientas de fiscalización de ARCA puede beneficiar especialmente a quienes poseen grandes patrimonios y dificultar la detección de evasores sofisticados.

Durante el debate incluso hubo legisladores que calificaron al proyecto como un nuevo blanqueo encubierto y señalaron que podría reducir la capacidad del Estado para perseguir evasión, lavado y enriquecimiento injustificado.

El oficialismo rechaza esa interpretación y sostiene que el objetivo es exactamente el contrario: sacar los dólares del colchón, incorporarlos al circuito formal y generar inversión sin castigar a quienes decidieron ahorrar fuera del sistema financiero tradicional.

La diferencia entre ambas posiciones es profunda.

Para el Gobierno, el problema es un Estado que durante años trató a los contribuyentes como potenciales evasores.

Para sus críticos, el riesgo es construir un sistema donde el Estado tenga cada vez menos herramientas para saber de dónde provienen las grandes fortunas.

En el medio quedan los casos de los funcionarios cuyas declaraciones juradas ya despertaron cuestionamientos.

La paradoja es inevitable: una ley que lleva la palabra "inocencia" en su nombre nació para proteger al contribuyente de la sospecha estatal, pero terminó obligando al propio Congreso a establecer una excepción para quienes ejercen o ejercieron el poder.

Y allí también queda expuesto el voto de los siete diputados salteños: cuatro libertarios y tres legisladores alineados con el saenzismo acompañaron una reforma impulsada por Milei que ahora deberá definir su destino en el Senado.

La discusión, en definitiva, ya no pasa solamente por impuestos.

Pasa por determinar cuánto debe saber el Estado sobre el patrimonio de sus ciudadanos, cuánto puede investigar y, sobre todo, cuánto control debe conservar sobre quienes llegan al poder con la obligación de explicar cada peso que poseen.