El suicidio de "Jota" Figueroa: La crónica de un colapso anunciado y las fallas de un sistema emparchado.

La muerte de José Eduardo “Jota” Figueroa dentro del pabellón F de la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas no representa una sorpresa, sino el desenlace previsible de un engranaje estatal erosionado por el privilegio, la negligencia y la incapacidad de gestión.

Meses atrás, las alarmas habían resonado en los pasillos penitenciarios: un cuadro depresivo severo detectado tras la condena a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras había derivado en la orden de disponer una vigilancia reforzada, de esquema "12/7" e inspección permanente en horarios críticos. La advertencia estaba por escrito y los riesgos eran explícitos. Sin embargo, este lunes se confirmó la muerte por ahorcamiento del condenado en su propia celda.

El caso exacerba dos problemáticas estructurales que atraviesan al Servicio Penitenciario Provincial y al sistema de seguridad de Salta:

1. El mito de la custodia reforzada y los protocolos de cartón

Cuando la institución estatal promete un "esquema especial de vigilancia" sobre un interno con alto riesgo de autolesión, asume una responsabilidad legal y operativa directa sobre su custodia. Que un recluso alojado bajo vigilancia prioritaria logre quitarse la vida en su celda evidencia la fragilidad de los controles, la falta de seguimiento profesional adecuado en materia de salud mental carcelaria y la ineficacia de protocolos que funcionan en el papel pero colapsan en la práctica cotidiana.

2. Privilegios de cuna hasta el final

Desde su detención por el atroz femicidio cometido en el barrio privado El Tipal, el tratamiento otorgado a Figueroa estuvo bajo la lupa pública. Su alojamiento en el pabellón F, un sector reservado habitualmente para miembros de fuerzas de seguridad y sus allegados directos, al que accedió en función de sus vínculos familiares con sectores del poder judicial, expuso las asimetrías de un sistema represivo que aplica dobles varas según el apellido del recluso. No obstante, ni la injerencia de influencias ni la asignación a sectores de preferencia sirvieron para contrarrestar la impericia técnica de una estructura de custodia invadida por la desidia.

Sin justicia completa ni reparación

El suicidio de Figueroa deja un vacío irreparable para la familia de Mercedes Kvedaras y fractura el sentido del proceso penal. La pena de prisión perpetua no solo buscaba el castigo formal al femicida, sino la garantía estatal de un cumplimiento efectivo que sirva como acto de reparación social e institucional.

Con la muerte del agresor bajo tutela del Estado, el sistema no solo falla en preservar a la víctima en primera instancia, sino que fracasa en sostener la ejecución de la pena que él mismo dictaminó. La sociedad salteña asiste a un nuevo capítulo donde la falta de idoneidad, el amiguismo penitenciario y la fragilidad de la gestión pública terminan clausurando la posibilidad de una justicia plena.

Lic. Julio Antonio Palavecino

MP M12169