El oficialismo salteño en el banquillo político: Orellana, Oliva y Vargas, tres bancas saencistas atravesadas por escándalos judiciales

La Cámara de Diputados de Salta enfrenta una situación políticamente incómoda sin sonrojarse y es que tres de sus integrantes vinculados al oficialismo aparecen relacionados con antecedentes o investigaciones judiciales por hechos que involucran el manejo de la función pública. Se trata de Gerardo Orellana, diputado por Anta; Sergio Oliva, por Orán; y Héctor Raúl Vargas, por San Carlos, todos integrantes del bloque Todos por Salta, el espacio oficialista que responde al gobernador Gustavo Sáenz. La propia página oficial de la Legislatura registra a los tres dentro de esa bancada.

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El caso más reciente es el de Gerardo Orellana, diputado por Anta, quien fue imputado en una investigación federal por una presunta organización dedicada a la tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad. Según la Fiscalía, la estructura habría utilizado certificados médicos, historias clínicas, estudios y documentación presuntamente falsificada para conseguir beneficios previsionales. Son 15 las personas investigadas y la pesquisa estima un perjuicio de alrededor de $3.280 millones mensuales para el Estado.

La investigación alcanzó a Orellana por su presunta intervención en expedientes y documentación vinculada con personas que, según la hipótesis fiscal, no reunían los requisitos para acceder a las pensiones. La causa continúa en etapa de investigación y la imputación no equivale a una condena.

Del despacho municipal a la banca saencista en diputados: el "Rulo" Vargas dejó $14 millones sin destino claro durante su intendencia

En el caso de Héctor Raúl Vargas, actual diputado por San Carlos y exintendente de esa localidad, la Unidad de Delitos Económicos Complejos lo imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público. La investigación analiza, entre otros puntos, operaciones vinculadas con terrenos destinados a un loteo social, fondos de un programa nacional y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones. Vargas se abstuvo de declarar durante la audiencia de formalización.

A esto se suma que una auditoría sobre su gestión municipal detectó $14,1 millones en egresos bancarios de 2020 que no pudieron ser asociados a una partida, beneficiario o concepto concreto, además de otras observaciones sobre ingresos y registraciones contables. Estos hallazgos administrativos son independientes de la causa penal que tramita actualmente la UDEC.

El tercer caso tiene una particularidad, Sergio “Checho” Oliva no está actualmente imputado por los hechos que llevaron a su condena, sino que fue condenado por la Justicia Federal. Cuando era intendente de Aguas Blancas, fue encontrado responsable de violación de los deberes de funcionario público por disponer la apertura de un paso fronterizo ilegal hacia Bolivia. Recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente la condena, aunque ordenó revisar el monto de la pena porque había sido superior al solicitado por la Fiscalía.

El antecedente de Oliva es particularmente sensible por tratarse de Aguas Blancas, una localidad ubicada en una zona fronteriza estratégica, donde cualquier apertura irregular de pasos tiene implicancias que exceden una simple infracción administrativa. La condena se originó en hechos ocurridos en 2016, cuando maquinaria vinculada al municipio abrió un camino hacia la costa del río Bermejo sin las autorizaciones correspondientes.

Los tres legisladores, además, continúan formando parte de la actividad parlamentaria. Documentación oficial de la Cámara muestra a Orellana, Oliva y Vargas integrando el listado de legisladores que participan de las sesiones y de la estructura parlamentaria vigente.

El punto político más delicado aparece ahora puertas adentro de la propia Legislatura. Hasta el momento no surge públicamente la conformación de una comisión especial o evaluadora destinada a analizar específicamente la situación de Orellana o Vargas a partir de sus respectivos procesos judiciales. La Cámara sí cuenta con una Comisión de Ética Parlamentaria dentro de su estructura institucional, pero la información oficial disponible no muestra que haya iniciado una actuación específica sobre estos dos casos.

De hecho, desde la propia Cámara se sostuvo que no había recibido ningún requerimiento judicial formal respecto de Orellana y Vargas y que se aguardaría una eventual solicitud de la Justicia para evaluar una intervención institucional.

Así, mientras la Justicia avanza sobre investigaciones y antecedentes que alcanzan a tres diputados del bloque oficialista, la respuesta política dentro de la Legislatura aparece, al menos por ahora, limitada a esperar los movimientos de los tribunales.

La situación deja una imagen difícil de disimular, tres bancas oficialistas quedaron asociadas a expedientes judiciales de distinta naturaleza y gravedad, pero la Cámara no parece haber activado hasta el momento un mecanismo político propio para revisar esas situaciones.