El testigo mudo de los protocolos fracasados

Los protocolos oficiales en Argentina destinados a proteger a las infancias y adolescencias, de acuerdo a la ley Lucio, son facultad de cada provincia.

Cada jurisdicción hace su propio camino. En Salta quedó demostrado que el que se usa da resultados negativos, para citar los dos casos más recientes: el de Leonel y Thiago, repectivamente. No debería ser así, porque existe el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Salta, creado para revisar la eficacia de esos protocolos, ya que diseña y articula las políticas públicas de protección y promoción de derechos para los menores en toda la provincia.

Es un espacio plural y transversal que reúne a distintos actores de la sociedad para garantizar un enfoque federal. Tiene distintas funciones; una de ellas es diseñar el Plan Provincial de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que Salta desconoce completamente.

Ese plan obliga a la provincia a hacer distintas acciones; entre otras, velar por el cumplimiento de la ley Lucio.

El Consejo no debe ser un testigo mudo de lo que no funciona a favor del “interés superior del niño” . Debe mostrar logros, correcciones en sus metas y rendir cuenta republicana sobre sus funciones; esto es informar periódicamente a la prensa sobre el cumplimiento de sus objetivos. No tan solo mostrarse en un reel, como es la comunicación que eligió, sino ser garante de la ley Lucio y aplicar las políticas públicas para las infancias, adolescencias y familias que la sociedad espera.

El  caso Thiago causa estrépito en la comunidad. Marcha de familiares, vecinos y reclamos para favorecer a los chicos de Salta.

Fue clarísimo que los protocolos usados para cuidar a Thiago no pacificaron la anomia familiar que lo rodeó.

No se focalizaron en la evaluación del riesgo en convivientes y vínculos directos.

Al contrario, las buenas prácticas de la psicología familiar moderna recomiendan ampliar la mirada a todos los actores relevantes, incluso no convivientes; exponen una brecha crítica entre la norma rígida y la práctica integral.

Las declaraciones de los operadores estatales que escuchamos en estos días insisten en que “se tomaron todos los recaudos sobre riesgos”. Sin embargo, ante el cuadro de violencia familiar vivido en la casa de Thiago, las voces del Estado siguen caracterizando a su agresor como un “no conviviente” con la madre. Esta visión revela un problema mayor: esa circunstancia llevó a que no se lo evaluara integralmente para conocer si resultaba un riesgo al lado del niño.

La omisión no fue casual, sino consecuencia de un manual que orienta la mirada hacia otros focos de riesgo y deja en la penumbra a quienes, por no convivir, también pueden ser peligrosos.

Es recomendable evaluar a todos los actores relevantes, convivientes o no, porque el riesgo no se limita a la proximidad física, sino que se extiende a los vínculos afectivos y a las tensiones externas.

La impericia fue clara: se dio más importancia a las reglas estrictas de un protocolo que a la verdadera complejidad de las dinámicas psicológicas que tienen algunas familias.

Por las evidencias, el Estado salteño, en los problemas de la violencia familiar, no considera a todos los actores relevantes. Tampoco reconoce el consenso internacional de expertos que define a la violencia familiar como cualquier conducta de un miembro del grupo contra otro, incluyendo parentesco, matrimonio, uniones de hecho y noviazgos, incluso finalizados. No exige convivencia como requisito.

Quedó claro que Salta utiliza protocolos rígidos sin aplicar las mejores operaciones protectivas e integrales. ¿Cuáles son? Las basadas no solamente en el paradigma jurídico-administrativo que reduce todo a un expediente, con énfasis en la denuncia, la tipificación penal y la adopción de medidas excepcionales. Esa mirada, aunque necesaria, se vuelve juricista porque reduce la problemática de la violencia infantil a un trámite institucional, a hojarasca, dejando en segundo plano las dimensiones psicológicas, sociológicas y comunitarias que explican por qué un niño puede quedar expuesto al riesgo, aun de personas ajenas a su entorno más próximo.

Las medidas tomadas no estuvieron destinadas a reconocer la anomia familiar, el trauma psicológico y el riesgo dinámico, claves para anticipar y prevenir los filicidios.

Los manuales deben ser revisados por el Consejo Provincial, que orienta la política de los chicos y la familia.

El riesgo no se mide solo por convivencia, sino por la capacidad de daño en cualquier vínculo. Proteger la vida exige ampliar la mirada y ser creativos en los casos complejos en que se actúa.