Caso Ramasco: la Justicia avanza, lentamente, sobre Vaccarella, pero el poder que lo rodea sigue bajo sospecha: ¿quién lo protege?

La causa por la muerte de Lautaro Ramasco volvió a sacudir a Salta y esta vez con una novedad judicial de enorme gravedad: Gustavo Vaccarella fue imputado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), a partir de elementos encontrados en el teléfono celular que había sido secuestrado en diciembre de 2024, precisamente en el marco de la investigación por la muerte del joven.

La imputación fue confirmada por la abogada querellante de la familia Ramasco, Sandra Domene, y se produjo luego de que la Justicia ordenara profundizar distintas líneas investigativas surgidas de una audiencia realizada en junio. 

Pero el nuevo capítulo no puede analizarse separado de la pregunta que la familia de Lautaro viene formulando desde diciembre de 2024: ¿por qué determinadas líneas de investigación alrededor de Vaccarella avanzaron con tanta lentitud mientras la causa por la muerte de Lautaro terminó encaminada hacia un único acusado?

Lautaro Ramasco murió el 14 de diciembre de 2024, cinco días después de sufrir un violento episodio sobre avenida Tavella. La Fiscalía sostiene la hipótesis de que Gabriel Alejandro Quispe Cejas, un hombre que trabajaba como cuidacoches, arrojó una piedra contra el vehículo de Lautaro, provocando el siniestro que terminó con su vida. La Fiscalía solicitó la elevación a juicio de esa causa.

La familia, sin embargo, nunca aceptó que esa fuera la explicación completa.

Desde el comienzo señaló a Vaccarella, expareja de la mujer que posteriormente inició una relación con Lautaro, y aportó denuncias y mensajes que, según sus abogados, debían ser investigados con mayor profundidad. La querella sostiene que existieron amenazas, hostigamiento y otros episodios previos que podrían aportar elementos para determinar qué ocurrió realmente antes del ataque contra Ramasco.

En enero de 2025, Vaccarella había sostenido públicamente que la familia de Lautaro no buscaba justicia sino convertirlo en culpable. Su defensa, encabezada por la abogada Andrea López, afirmó entonces que no existían pruebas que lo vincularan con el homicidio.

Ahora el escenario es sustancialmente diferente.

El teléfono de Vaccarella había sido secuestrado casi dos años atrás. Según la querella, al revisar la extracción forense aparecieron imágenes que no habrían sido consignadas en el informe inicial de los investigadores. Domene cuestionó que el material estuviera dentro del dispositivo y que, pese a ello, no hubiera sido advertido oportunamente. La jueza Claudia Puertas ordenó entonces remitir los elementos a las fiscalías correspondientes para determinar si existían delitos que debían ser investigados por separado y ahí aparece otro elemento particularmente sensible.

En la misma investigación surgió una comunicación atribuida al subcomisario Edgardo Martín Guerra, quien habría mantenido contacto telefónico con Vaccarella antes del allanamiento de su domicilio. Según las actuaciones difundidas, el efectivo habría consultado si había personas en la vivienda y el procedimiento habría terminado realizándose al día siguiente, a pedido del propio comunicador. Esa situación fue remitida a otra fiscalía para determinar si existió alguna conducta delictiva.

La querella fue todavía más contundente: denunció un trato procesal diferenciado hacia Vaccarella, dificultades para acceder a elementos de prueba, documentación que habría desaparecido y demoras que, según Domene, terminaron favoreciendo al periodista. “La ley no es igual para todos”, sostuvo la letrada.

Ese es uno de los puntos centrales que ahora deberá esclarecer la Justicia: no solamente qué ocurrió con Lautaro, sino también qué pasó durante la investigación con las pruebas que podían comprometer otras hipótesis.

La familia Ramasco no bajó los brazos

Mientras la causa avanzaba hacia el juicio contra Quispe Cejas, la familia de Lautaro continuó reclamando que se investigaran todas las líneas posibles.

Oscar Ramasco, padre de Lautaro, volvió a manifestarlo públicamente durante 2026. En mayo, a un año y medio de la muerte de su hijo, escribió que la familia continúa destruida y que sigue luchando para conocer toda la verdad. En sus mensajes sostuvo que todavía existen responsabilidades que deben determinarse y que no están dispuestos a aceptar que el expediente quede reducido a una sola explicación.

En marzo, Oscar había sido todavía más directo al cuestionar por qué Vaccarella no había sido imputado en las denuncias que la familia había presentado. También aseguró que existían elementos que, a su criterio, debían ser profundizados por la Justicia.

La familia no está pidiendo solamente una condena: está reclamando que se investigue quiénes participaron, qué ocurrió antes del ataque y si existió una responsabilidad detrás del hecho que terminó con la vida de Lautaro.

¿Quién sostiene a Vaccarella?

La pregunta política también aparece, pero debe responderse con precisión y sin convertir sospechas en hechos.

Existe un vínculo político documentado, en 2023, Gustavo Vaccarella fue candidato a concejal por el Partido Autonomista dentro del frente Unidos por Salta y él mismo afirmó públicamente que fue Gustavo Sáenz quien lo llamó para ofrecerle participar de las elecciones. Durante aquella campaña agradeció tanto a Sáenz como a Bettina Romero la posibilidad de competir y respaldó la continuidad de la gestión.

Ese antecedente explica por qué la familia de Lautaro y distintos sectores de la sociedad salteña cuestionaron públicamente si el comunicador contaba con respaldo político.

De hecho, en diciembre de 2024, cuando las versiones sobre una supuesta protección política comenzaron a circular, Vaccarella negó tener respaldo del poder político. Dijo conocer a numerosos funcionarios porque habían pasado por su programa, pero negó que alguno lo estuviera protegiendo y afirmó que nunca había pedido ayuda. Lo cierto es que al tener esa cercanía con la plana política acrecentó las dudas, según manifestaron en diferentes declaraciones familiares y amigos del joven Ramasco.

Hasta el momento no existe una prueba pública que permita afirmar que Gustavo Sáenz, un funcionario determinado o una estructura política haya ordenado proteger a Vaccarella o interferir en la causa. Lo que sí está documentado es el vínculo político previo entre ambos y, por otro lado, una investigación judicial que ahora analiza una presunta comunicación irregular entre Vaccarella y un integrante de la Policía antes de un allanamiento. Confundir esos hechos con una demostración de protección política sería judicialmente irresponsable.

La pregunta sobre quién sostuvo a Vaccarella surge de una sucesión de hechos, un teléfono secuestrado durante casi dos años, material que según la querella no habría sido detectado inicialmente, denuncias sobre irregularidades, una comunicación previa a un allanamiento y una imputación que recién aparece después de que la Justicia ordenara abrir nuevas líneas de investigación.

Mientras tanto, la única imputación por el homicidio de Lautaro continúa siendo la de Gabriel Alejandro Quispe Cejas y la Fiscalía ya pidió llevar esa causa a juicio.

La diferencia es contundente: quien terminó imputado por el homicidio es un cuidacoches; Vaccarella, que durante meses fue señalado públicamente por la familia como una persona que debía ser investigada, recién ahora enfrenta una imputación, aunque por otro delito y no por la muerte de Lautaro.

Pero tampoco permite cerrar la historia con un expediente cómodo y una sola explicación.

La familia Ramasco lleva casi dos años reclamando justicia. Ahora, con una nueva imputación, una investigación sobre posibles irregularidades policiales y nuevos elementos surgidos del teléfono de Vaccarella, la causa vuelve a colocar la forma en que se investigó la muerte de Lautaro y quiénes tuvieron, durante todo este tiempo, capacidad para hacer que determinadas preguntas tardaran casi dos años en llegar a los tribunales.