Escándalo en la cárcel de Orán: denuncian corrupción, privilegios, persecución y un clima de terror interno

Una carta atribuida a trabajadores de la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán encendió una fuerte alarma dentro del Servicio Penitenciario de Salta. En el documento, enviado a ElCaudillo.com.ar membretado y firmado de manera colectiva por personal que pidió preservar su identidad por temor a represalias, se denuncian presuntos hechos de corrupción, uso privilegiado de bienes públicos, persecuciones laborales, malas condiciones de trabajo y un supuesto clima de miedo impuesto dentro de la institución.

El escrito describe una realidad completamente opuesta entre la situación que viven los agentes penitenciarios y los beneficios que, según denuncian, disfrutarían las máximas autoridades de la unidad.

Uno de los primeros cuestionamientos apunta a las viviendas oficiales entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según sostienen los trabajadores, la Unidad Carcelaria dispone de cuatro casas y un departamento destinados al alojamiento del personal, aunque aseguran que esos inmuebles son ocupados exclusivamente por el director y otros jefes, mientras decenas de agentes provenientes de Salta Capital, General Güemes y el Valle de Lerma deben afrontar elevados alquileres en Orán y continuar manteniendo económicamente a sus familias en sus ciudades de origen.

La carta también sostiene que vecinos de esas viviendas institucionales manifestaron reiteradas quejas por presuntas fiestas nocturnas, música a alto volumen y reuniones sociales que, siempre según los denunciantes, se desarrollarían con frecuencia en esos inmuebles oficiales.

Pero las acusaciones no terminan allí.

Los trabajadores afirman que mientras el personal que cumple guardias de 24 horas recibe comidas de muy baja calidad —consistentes, según describen, en arroz o fideos sin carne—, los directivos almorzarían y cenarían diariamente dentro de la unidad con menús especialmente preparados por el cocinero institucional.

Incluso aseguran que muchos agentes terminan realizando colectas entre compañeros para poder comprar alimentos durante las jornadas de servicio, mientras las autoridades continuarían utilizando recursos del establecimiento para su beneficio personal.

Otro de los puntos más delicados del documento hace referencia al manejo de las donaciones.

Según expresan los trabajadores, comercios y empresas de Orán realizarían colaboraciones destinadas a actividades institucionales o necesidades del penal, aunque denuncian que una parte importante de esos elementos nunca llegaría a los verdaderos destinatarios.

"Muchos comerciantes creen estar ayudando a la institución, cuando en realidad gran parte de las cosas quedan en manos de unos pocos", sostiene el texto enviado a ElCaudillo.com.ar.

El documento también describe un fuerte clima de persecución laboral.

Los autores aseguran que cualquier empleado que cuestione decisiones internas o manifieste algún reclamo sería objeto de sanciones, cambios arbitrarios de horarios, restricciones para obtener permisos o distintas formas de represalia.

En ese contexto, afirman que numerosos trabajadores permanecen durante meses sin poder regresar a visitar a sus familias, mientras que, según denuncian, los superiores viajarían regularmente a Salta sin afrontar esas dificultades.

Sin dudas, el tramo más grave de la carta es el referido al estado emocional del personal.

Los trabajadores sostienen que el clima de presión permanente habría derivado en que "varios compañeros tomaran la drástica decisión de quitarse la vida", y denuncian además que esos episodios serían ocultados por las autoridades de la unidad.

Se trata de una de las acusaciones más sensibles del documento y, hasta el momento, no fue corroborada de manera independiente por este medio.

La situación de los aspirantes al Servicio Penitenciario también ocupa un capítulo importante de la denuncia.

Según relatan, apenas una veintena obtuvo recientemente el nombramiento formal, mientras alrededor de 210 aspirantes continuarían desempeñando tareas bajo jornadas extensas sin percibir siquiera una beca, situación que califican como un sistema de explotación laboral.

El documento concluye con un pedido directo al gobernador Gustavo Sáenz y a las autoridades del Ministerio de Gobierno para que intervengan de manera urgente en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán.

Los trabajadores aseguran que decidieron hacer pública la situación únicamente bajo anonimato porque temen sufrir sanciones, traslados o nuevas persecuciones si sus identidades llegan a conocerse.