Adorni dejará el jugoso puesto como director de YPF luego de su renuncia como Jefe de Gabinete

La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional no terminó con su renuncia a la Jefatura de Gabinete. En las próximas horas también dejará su lugar en el directorio de YPF, un cargo estratégico que volvió a quedar bajo la lupa por los millonarios honorarios que podía representar.

La decisión llega en medio de una fuerte presión política y social. Tras abandonar el gabinete de Javier Milei, se había instalado el debate sobre si continuaría ocupando el sillón en la petrolera controlada por el Estado, una función que podía reportarle ingresos cercanos a los 80 millones de pesos mensuales, según distintas estimaciones que circularon en los últimos días.

Aunque desde el entorno del exfuncionario sostienen que la renuncia al directorio ya estaba definida y que busca desvincularse completamente del Estado, la controversia ya estaba instalada. La posibilidad de que un exintegrante del gabinete pasara a percibir una remuneración de semejante magnitud en un contexto donde el propio Gobierno sostiene un discurso de ajuste, recortes y austeridad provocó una ola de críticas.

El puesto que ocupaba Adorni no era menor. Como representante del Estado nacional dentro de YPF, integraba uno de los órganos de decisión más importantes de la principal empresa energética del país. Se trata de cargos reservados para perfiles de confianza política y con una influencia directa en las decisiones estratégicas de la compañía.

La polémica también expuso una contradicción que muchos sectores remarcaron: mientras millones de argentinos enfrentan una pérdida constante del poder adquisitivo, aumentos en los servicios, caída del consumo y salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación, la sola posibilidad de percibir una remuneración cercana a los 80 millones de pesos mensuales generó un fuerte rechazo.

Con su salida, el Gobierno deberá definir quién ocupará ese lugar dentro del directorio de YPF. La designación volverá a poner sobre la mesa el debate sobre los elevados honorarios de los directores de empresas con participación estatal y el criterio con el que se asignan esos cargos.