Torturas sistemáticas, secuelas de por vida y algunos que no sobrevivieron: los casos de maltrato y muerte infantil en Salta que la justica no quiso ver a tiempo

La muerte de Thiago Altamirano, el niño de apenas dos años que falleció esta semana y cuya madre y padrastro permanecen detenidos acusados de homicidio agravado, volvió a sacudir a toda Salta. Sin embargo, el crimen no constituye un hecho aislado. Durante los últimos quince años, la provincia acumuló una dolorosa lista de niños golpeados, torturados, abandonados y asesinados que expusieron graves falencias en la protección de la infancia.

Cada caso dejó una promesa de que "nunca más" volvería a ocurrir. Sin embargo, la historia terminó repitiéndose.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en julio de 2015 con Thiago Quipildor, un niño de cuatro años que murió en el Hospital Materno Infantil tras soportar un prolongado cuadro de desnutrición, abandono y violencia física. El pequeño se encontraba bajo un sistema de protección estatal y su muerte generó un escándalo institucional sin precedentes. Seis funcionarios de la entonces Secretaría de Niñez fueron separados de sus cargos y la Justicia terminó condenando a prisión perpetua a quienes tenían a su cargo el cuidado del menor.

Aquel crimen reveló que las alertas habían existido, pero nadie logró evitar el desenlace.

Años más tarde, otro caso volvió a conmocionar a la provincia. En Tartagal, una niña de apenas cuatro años ingresó al Hospital Público Materno Infantil con lesiones gravísimas. Presentaba perforación de duodeno, compromiso pancreático y múltiples golpes compatibles con un largo historial de maltrato. En Cámara Gesell relató que su madre y la pareja de ésta la golpeaban con un palo, la sujetaban del cuello y hasta la pisaban.

El propio fiscal Gonzalo Vega comparó aquel expediente con el crimen de Lucio Dupuy por el nivel de violencia ejercido sobre la menor. A diferencia del niño pampeano, la pequeña logró sobrevivir después de permanecer internada durante semanas en terapia intensiva.

En junio de 2021 otro nombre quedó grabado para siempre en la memoria de los salteños: Franchesca.

La niña tenía apenas dos años cuando su madre la llevó a un centro de salud asegurando que se había ahogado. La autopsia y la investigación judicial demostraron una realidad mucho más cruel. La pequeña había permanecido abandonada durante días, sufría desnutrición severa y presentaba múltiples lesiones de distinta antigüedad.

El caso provocó fuertes cuestionamientos contra organismos judiciales y de protección de menores debido a que la niña había sido restituida a su madre luego de permanecer bajo el cuidado de familiares. La mujer fue condenada inicialmente a prisión perpetua, aunque años después la pena fue reducida por el Tribunal de Impugnación, decisión que reabrió el debate público.

Otro expediente estremecedor fue el de Leonel Francia.

El niño, de once años, murió luego de soportar años de presuntos golpes, abandono y violencia dentro de su propio hogar. Durante el juicio desfilaron psicólogos, trabajadores sociales y vecinos que describieron el infierno cotidiano que atravesaba el menor. La causa terminó con la condena a prisión perpetua de su madre por homicidio agravado por el vínculo.

En 2024 volvió a sonar una alarma. Un niño de cinco años ingresó al Hospital Materno Infantil con un cuadro compatible con violencia sistemática. Los médicos constataron quemaduras de cigarrillo, mordeduras, hematomas y lesiones de distintas fechas. La investigación reveló que los maltratos se repetían desde hacía tiempo y que vecinos ya habían advertido sobre la situación.

El pequeño sobrevivió, pero las imágenes del expediente volvieron a instalar la discusión sobre los mecanismos de detección temprana del maltrato infantil.

Este mismo año otro caso logró evitar un desenlace fatal gracias a una denuncia familiar. Una bebé de apenas ocho meses, residente en Villa Lavalle, fue internada con lesiones gravísimas compatibles con golpes y violencia física. La presentación realizada por su abuela paterna permitió activar la intervención judicial antes de que ocurriera una tragedia mayor.

Los padres fueron condenados y, además de las penas impuestas, perdieron definitivamente la responsabilidad parental sobre la niña.

Ahora, en junio de 2026, la muerte de Thiago Altamirano vuelve a colocar a Salta frente al mismo espejo.

La investigación sostiene que el pequeño murió por asfixia y ahorcamiento. La pareja de la madre enfrenta una imputación por homicidio agravado por alevosía, mientras que la mujer fue imputada por homicidio agravado por el vínculo mediante una conducta omisiva. Durante la audiencia judicial ambos ofrecieron versiones contradictorias y quedaron detenidos con prisión preventiva.

Mientras la Justicia intenta reconstruir los últimos minutos de vida del niño, la sociedad vuelve a formular la misma pregunta que surgió con Thiago Quipildor, Franchesca, Leonel y tantos otros menores víctimas de violencia, cuántas señales existieron antes del desenlace y por qué, una vez más, nadie consiguió llegar a tiempo.

Quince años después de los primeros casos que conmocionaron a la provincia, la lista continúa creciendo. Cambian los nombres, cambian los barrios y cambian los expedientes, pero el patrón se repite: niños que debían ser protegidos terminan convirtiéndose en víctimas de quienes tenían la obligación de cuidarlos.