Sáenz defendió el sueldo en negro para la Policía y rechazó el blanqueo de adicionales

El Gobierno de Gustavo Sáenz volvió a darle la espalda a un reclamo histórico de policías y penitenciarios retirados. A través del Decreto N° 459, publicado este viernes en el Boletín Oficial, la Provincia rechazó el pedido de un exintegrante de la fuerza que buscaba que distintos adicionales salariales pasaran a ser remunerativos para que impactaran en su haber jubilatorio. 

Lejos de abrir la discusión, el Ejecutivo fue categórico: sostuvo que los adicionales identificados con los códigos 591, 594 y 628 fueron creados como conceptos "no remunerativos y no bonificables" y defendió que mantener ese carácter forma parte de una decisión de política salarial que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Es decir, el propio Gobierno ratificó que una parte del salario de policías y penitenciarios seguirá sin computarse para aportes previsionales ni para mejorar los haberes de retiro.

En los fundamentos del decreto, la gestión provincial argumenta que esos conceptos fueron creados con objetivos específicos, como compensar gastos de indumentaria, reconocer recargos de servicio o cumplir acuerdos salariales alcanzados en distintos años. Sin embargo, insiste en que su naturaleza "no remunerativa" no puede ser modificada por un reclamo administrativo y que esa definición responde a una decisión exclusiva del Ejecutivo.

El caso se originó cuando un policía retirado reclamó que esos adicionales fueran incorporados a su haber mensual, al considerar que tienen un carácter claramente salarial y deberían generar aportes y reflejarse en la jubilación. No obstante, el Gobierno rechazó tanto el planteo inicial como los recursos posteriores, cerrando nuevamente la puerta a cualquier modificación del esquema vigente.

La decisión sostiene que el pago de adicionales que se cobran todos los meses, no integran el salario a los fines previsionales. Mientras para el Ejecutivo se trata de una herramienta de política salarial, para muchos efectivos y retirados representa una pérdida directa al momento de calcular sus haberes.

Con este nuevo decreto, el Gobierno de Gustavo Sáenz dejó en claro que no tiene previsto modificar ese sistema. Por el contrario, eligió ratificarlo oficialmente y defender su legalidad, aun cuando eso implique mantener un esquema cuestionado por quienes sostienen que esos conceptos forman parte del salario real que perciben policías y penitenciarios.