Redacción El Caudillo
La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario , en un expediente que ya atravesó las instancias inferiores y ahora espera una definición del máximo tribunal. El caso se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la Casa Rosada y el sistema universitario, en medio de las protestas por el ajuste presupuestario.
La controversia gira en torno a la ley aprobada por el Congreso, que obliga al Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades, además de recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional en primera y segunda instancia, la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución de la ley. En la Casa Rosada sostienen que la aplicación de algunos artículos podría generar un “grave e irreparable perjuicio” para el Estado y afectar el equilibrio fiscal.
Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.
La definición judicial llega después de una nueva marcha federal universitaria realizada este martes en distintos puntos del país, donde rectores, docentes y estudiantes reclamaron por el deterioro presupuestario y exigieron el cumplimiento de la ley. Las universidades denuncian una fuerte caída de las transferencias nacionales y alertan por el impacto sobre salarios, funcionamiento académico y hospitales escuelas.
