Sáenz y Karina Milei, cara a cara por la reforma electoral mientras los salteños somos rehenes de sus egos

En plena discusión por la reforma electoral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volverá a cruzarse con Karina Milei en San Juan. El encuentro, en el marco de la Expo Minera 2026, tiene más de pulseada política que de agenda productiva.

A casi una semana del evento, lo que se anticipa no es un acuerdo sino otro capítulo de una relación marcada por tensiones. Sáenz, que en el arranque acompañó varias medidas del gobierno nacional, viene endureciendo su discurso desde hace meses. Y no en privado.

El gobernador salteño ya había advertido que “es difícil” que las provincias acompañen si no hay reciprocidad, en medio de reclamos por obras paralizadas y promesas incumplidas . Incluso fue más allá: denunció falta de diálogo, cuestionó decisiones unilaterales y dejó en claro que el vínculo con la Casa Rosada se desgastó.

El punto más áspero fue cuando acusó directamente al entorno presidencial de haber “traicionado” a quienes apoyaron al inicio de la gestión, y planteó que la lealtad “es una avenida de ida y vuelta” . No fue una frase al pasar: sintetiza el clima político actual.

En marzo, durante la apertura de sesiones en Salta, volvió a marcar distancia. Sin nombrarlo de forma directa, contrastó su gestión territorial con la del presidente, reclamando federalismo real y cuestionando prioridades nacionales. “No es justo que yo pelee por obras y otros canten en el Movistar Arena”, lanzó, en un mensaje que no necesitó traducción .

Ese historial convierte la foto en San Juan en algo más que un evento protocolar. El Gobierno nacional necesita respaldo para avanzar con la reforma electoral —especialmente con la eliminación de las PASO— pero llega debilitado y sin consensos cerrados. Del otro lado, los gobernadores negocian con cautela, midiendo costos y beneficios de cada movimiento.

Sáenz, como varios de sus pares, juega a dos puntas: no rompe, pero tampoco se alinea. Se sienta a la mesa, pero con facturas acumuladas. Y eso condiciona cualquier intento de acuerdo.

El problema es que mientras Nación y provincias tironean por poder, recursos y reglas de juego, hay un actor que no participa de la mesa pero sí paga las consecuencias: la gente. La reforma electoral se discute entre reproches, desconfianza y estrategias para 2027, con más cálculo político que consenso institucional.