Sáenz se arrodilló ante Nación: Salta pagará $266 mil millones, abandonó juicios y entrega información de sus cuentas

El gobernador Gustavo Sáenz puso la firma a un acuerdo con el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, que va mucho más allá de una simple compensación de deudas. Salta reconoce una deuda de $267.782 millones, queda con un saldo de $265.914 millones a favor de Nación, resigna tres causas judiciales y se compromete a entregar periódicamente información detallada sobre sus cuentas públicas. Es decir, será controlado mensualmente por Milei. La letra chica del convenio deja al descubierto el verdadero alcance del entendimiento.

El Decreto Provincial 493, publicado en el Boletín Oficial de hoy, formalizó el acuerdo dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En los papeles, se trata de cruzar deudas entre Nación y Provincia. El problema para Salta es el resultado: Nación reconoce que le debía a la Provincia apenas $1.868 millones por obras públicas de vivienda, mientras Salta reconoce obligaciones por $267.782 millones. Después de la compensación, quedan $265.914.057.457,38 a favor del Estado nacional. Pero el verdadero costo político aparece después.

Sáenz no solamente acepta pagar. También entrega los juicios que Salta tenía abiertos contra el Gobierno nacional. La cláusula quinta establece expresamente que la Provincia desiste de la acción y del derecho en tres procesos: la demanda contra los decretos nacionales 561/19 y 567/19, el incidente de medida cautelar vinculado a esa causa y el amparo por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID.

Es decir: para cerrar el acuerdo, Salta abandona herramientas judiciales que había utilizado para reclamar frente a decisiones de Nación. El convenio, además, obliga a presentar el acuerdo ante la Justicia para su homologación en esos procesos. ¿cuál fue el valor político y jurídico de esos desistimientos?

El convenio no pone un precio individual a cada causa y sería incorrecto afirmar que Salta “vendió” esos juicios por una determinada suma. Pero sí hay un hecho imposible de discutir: los desistimientos forman parte del mismo acuerdo mediante el cual se extinguen las obligaciones entre Nación y Provincia. Y todavía hay más.

Nación tendrá información periódica sobre las cuentas de Salta

La cláusula octava obliga a la Provincia, desde la entrada en vigencia del convenio, a suministrar información a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía nacional a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial.

No se trata de mandar una planilla una vez al año. Nación podrá recibir información mensual sobre la situación financiera de Salta.

Entre otros datos, la Provincia deberá informar el stock de deuda —incluida la deuda flotante—, uso del crédito, servicios de deuda, gasto en personal, situación del Tesoro, saldos de las cuentas bancarias, avales y garantías otorgados, ingresos tributarios y no tributarios, transferencias y financiamiento a municipios.

Además, habrá información trimestral, semestral y anual sobre gastos, tarifas de servicios públicos, cargos, horas cátedra, presupuesto, normativa tributaria y nuevas inversiones.

La Provincia que durante años defendió su autonomía financiera termina firmando un convenio que obliga a reportar periódicamente el estado de sus cuentas al Ministerio de Economía de Nación.

Y la deuda no se paga con aire Los $265.914 millones tampoco quedan en una cifra abstracta. El acuerdo establece un esquema concreto de pago: $77.700 millones en cuatro cuotas mensuales, otros $7.986 millones en diciembre de 2026 y un saldo de $180.227,9 millones en siete cuotas, además de los intereses correspondientes.

La tasa fijada es del 15% nominal anual. Y hay una garantía todavía más sensible: la cláusula cuarta establece que el capital y los intereses podrán ser pagados mediante retenciones sobre los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Traducido al lenguaje que entiende cualquier salteño: si corresponde aplicar el mecanismo previsto, Nación puede descontar los fondos antes de que lleguen a las arcas provinciales. La coparticipación, entonces, queda comprometida como respaldo del acuerdo. Nación cobra. Salta desiste. Y las cuentas quedan bajo seguimiento. Ese es el verdadero cuadro que surge del Decreto 493.

Salta reconoce una deuda gigantesca. Nación compensa apenas $1.868 millones. La Provincia queda debiendo casi $266 mil millones. Se compromete a pagar con intereses. Ofrece la coparticipación como mecanismo de cobro. Abandona tres causas judiciales contra Nación y queda obligada a entregar información periódica sobre sus finanzas. Y todo esto lleva la firma del gobernador Gustavo Sáenz.

Mientras desde el poder provincial podrán intentar presentar el convenio como una simple operación de “ordenamiento” o “saneamiento” de cuentas, la letra chica cuenta otra historia: una Provincia que asume una deuda millonaria, resigna litigios y abre información sensible de sus finanzas frente al Gobierno nacional.