Controversia en Salta: habilitan la caza masiva de palomas y liberan la de liebres

El Gobierno de Salta oficializó la apertura de la temporada 2026 de caza deportiva menor y desató polémica por los cupos permitidos: hasta 300 palomas por cazador en una sola jornada y sin límite para la liebre europea en todo el territorio provincial, salvo en áreas protegidas.

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial mediante la Resolución 297 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que habilita la actividad desde el 1 de mayo hasta el 16 de agosto. En ese período, se podrá cazar únicamente los fines de semana y feriados, entre las 6 y las 20 horas.

Según el detalle oficial, cada cazador podrá abatir hasta 300 palomas torcazas, 200 palomas picazuró, 100 palomas manchadas y hasta 10 ejemplares de distintas especies de perdices por salida. Sin embargo, el punto que más ruido genera es la habilitación sin tope para la caza de la liebre europea, considerada plaga en el país.

La autorización alcanza a varios departamentos del interior, entre ellos Anta, Metán, Rosario de la Frontera, Orán y San Martín, y solo podrá realizarse en fincas privadas vinculadas a la producción agrícola o en suelos degradados. Queda totalmente prohibida en zonas urbanas, caminos públicos y áreas protegidas.

Desde el Gobierno justifican la decisión en el control de especies consideradas dañinas para la producción, especialmente aves que afectan cultivos. También remarcan que las especies habilitadas no están catalogadas como amenazadas a nivel nacional.

Para poder participar, los cazadores deberán contar con una licencia obligatoria que cuesta hasta $55.000 para no residentes, además de permisos del propietario del terreno y controles policiales antes y después de cada excursión.

La resolución también establece duras prohibiciones: no se podrá cazar con trampas, venenos, reflectores ni desde vehículos en movimiento, ni tampoco comercializar lo obtenido. Aun así, la magnitud de los cupos y la falta de límites en algunos casos ya genera debate sobre el impacto ambiental real de la medida.