Escándalo en discapacidad: el Gobierno detectó 180 mil certificados activos de personas fallecidas

Una auditoría interna encendió todas las alarmas en el sistema nacional de discapacidad. El Gobierno aseguró haber detectado que cerca de 180 mil personas figuran como beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad pese a estar fallecidas, una irregularidad de enorme impacto económico y político que ya genera tensiones puertas adentro del Estado.

El hallazgo surgió tras el cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Registro Nacional de las Personas, donde se comprobó que miles de certificados seguían activos incluso después del fallecimiento de sus titulares. La situación no solo expone fallas graves en los controles, sino que también abre la puerta a posibles maniobras fraudulentas sostenidas en el tiempo.

Desde el Gobierno reconocen que las bajas ya comenzaron a aplicarse, pero el foco ahora está puesto en quiénes cobraron esos beneficios y quiénes los habilitaron. En despachos oficiales no descartan avanzar con denuncias penales, tanto contra quienes habrían percibido prestaciones de manera irregular como contra prestadores que continuaron facturando servicios inexistentes.

El caso se conoce en un contexto especialmente sensible: semanas atrás el Ejecutivo intentó avanzar con cambios en la legislación vinculada a discapacidad, lo que generó un fuerte rechazo social y político. Ahora, este nuevo escándalo vuelve a poner en discusión el manejo de fondos públicos, la falta de controles y la responsabilidad de los funcionarios que pasaron por el organismo.

Dentro del propio Gobierno admiten que las inconsistencias detectadas son numerosas y que la auditoría todavía no está cerrada. Los resultados finales podrían conocerse recién en 2026, pero el dato ya instalado es contundente: el sistema permitió durante años que miles de certificados siguieran activos sin verificación alguna.

Mientras tanto, familias que realmente necesitan asistencia siguen atrapadas en trámites eternos, demoras y recortes, mientras el Estado intenta explicar cómo se llegó a una cifra tan escandalosa sin que nadie lo advirtiera antes.