Emergencia sin fin: Se extiende la prórroga y la inacción

El Gobierno de la Provincia envió a la Legislatura un nuevo proyecto para prorrogar por 180 días el estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, que ya lleva años en vigencia sin que hasta ahora se hayan encontrado soluciones estructurales de fondo.

Desde enero de 2020 —cuando se declaró la emergencia para estas zonas— se han sucedido decretos, leyes y prorrogas sin que la mejora real de servicios básicos —como agua potable, salud, nutrición y vialidad— llegue a la mayoría de las comunidades más vulnerables. Según datos oficiales de Nación, la mortalidad infantil sigue siendo elevada en el norte (Orán 17,10 por mil; Rivadavia 14,16; frente al promedio provincial de 10,29).

Lo que hoy se presenta como una “prórroga necesaria” es, en los hechos, una especie de cheque en blanco al Ejecutivo provincial para recibir recursos sin que se hagan visibles transformaciones reclamadas desde hace años por las propias comunidades y por organismos de derechos humanos. La diputada Sofía Sierra fue, tal vez, la voz más crítica durante los últimos cuatro años en la Cámara de Diputados, y en reiteradas ocasiones advirtió que la medida “refleja una falta de planificación a largo plazo”.

¿Dónde están las mejoras?

Si bien el gobierno salteño afirma haber “intensificado acciones” en 2024 en los tres departamentos con equipos que reparten módulos alimentarios, agua potabilizadora y controles sanitarios, el hecho de que se siga prorrogando la emergencia muestra que la raíz del problema no se toca.

El ciclo se repite: se declara emergencia → se anuncian catástrofes evitables → se prorroga. Mientras tanto, la infraestructura básica como caminos, transporte para evacuaciones, agua segura, saneamiento y alimentación estable siguen sin resolución.

Legisladores cómplices o espectadores

La iniciativa llega entre gallos y medianoche. Así como llegó de veloz, tendrá un tramitación exprés y con poco control parlamentario. Además, al tener el gobierno una mayoría indiscutida de legisladores propios en la Cámara de Diputados, su aprobación es cuestión de minutos.

La prórroga vuelve a mostrar la pasividad de quienes deberían exigir rendición de cuentas y planificación inteligente: los legisladores que votan la prórroga habilitan la continuidad de un modelo que funciona como “ayuda inmediata”, pero deja intactos los problemas estructurales.

El gobernador Gustavo Sáenz y su gabinete repiten fórmulas: emergencia tras emergencia, discursos y anuncios, algunos medios informando sobre muertes por desnutrición en niños wichí, y un norte salteño que se queda en los titulares, pero sin cambio real.

Extender la emergencia puede tener sentido si se acompaña de planificación, inversión transparente y participación comunitaria. Pero sin esos ingredientes, se convierte en maquillaje político —un mecanismo burocrático para eludir responsabilidades. Las comunidades de San Martín, Orán y Rivadavia merecen más que parches: necesitan agua segura, evacuaciones oportunas, hospitales bien equipados, nutrición desde la primera infancia, caminos transitables y, sobre todo, que quienes acceden a los cargos públicos dejen de instrumentar la urgencia como estrategia electoral.