Red de trata afuera de un colegio secundario salteño: El fiscal reconoció que había denuncias pero la justicia no hizo nada

La noticia estremece, pero no sorprende: otra vez, el sistema judicial salteño queda al desnudo por su incapacidad —o su desidia— frente a las denuncias que involucran a menores de edad. Una investigación de la Fiscalía de Distrito reveló que una red de trata operaba nada menos que en torno a un colegio secundario, donde adolescentes eran captadas para explotación sexual.

Los acusados, entre ellos un remisero y un menor que cumplía un rol clave en la captación, pagaban cifras que iban de 60 mil a 200 mil pesos para ofrecer a chicas en servicios sexuales. Un mecanismo perverso que se desarrollaba a la vista de todos, en un entorno escolar donde la protección debería ser absoluta.

A instancia del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, imputó a cinco personas por trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual. El fiscal Villalba fue claro: se trata de un caso “de una gravedad inusitada y muy complejo”.

Pero la gravedad no se limita a los hechos actuales. Lo más indignante es el antecedente: ya existían denuncias previas, y ninguna fue atendida como correspondía por los organismos del Estado, reconoció el fiscal. Esa inacción permitió que la red siguiera creciendo y dejando cicatrices irreversibles en la vida de niñas de apenas 16 años.