Terribles detalles de trata a la salida de un colegio salteño: Un remisero, un adolescente y tres "clientes" implicados

Una investigación de la Fiscalía de Distrito ha destapado una alarmante red de trata de personas que operaba en torno a un colegio secundario, captando a menores para ofrecer servicios sexuales. Los acusados, en complicidad con un remisero clave en la captación, pagaban entre 60 mil y 200 mil pesos por cada menor.

Dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, la Fiscalía formalizó la imputación penal de cinco individuos acusados de captación, promoción, facilitación y explotación sexual. El juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, respaldó la acción, considerando la naturaleza "inusitada y compleja" de este caso.

Las imputaciones incluyen agravantes de vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, así como la participación de más de tres involucrados y la consumación de la explotación. Cuatro individuos han sido acusados como coautores, y un quinto, menor de edad, como partícipe necesario.

El fiscal Villalba resaltó la explotación de niñas de una escuela secundaria y lamentó que denuncias previas no fueron atendidas adecuadamente, permitiendo que la organización continuara causando daños irreversibles a menores de 16 años.

El remisero desempeñaba un papel fundamental, aprovechando la confianza que los padres depositan en él para trasladar a los estudiantes. Sin embargo, su verdadera intención era captar a las menores para ofrecerlas a clientes con fines sexuales. Las víctimas, alumnas de cuarto año, llegaron a tener encuentros sexuales con tres clientes imputados, gracias a las gestiones del remisero.

Los encuentros se llevaban a cabo en dos moteles en la ruta 26, y, en un caso, en la casa de uno de los clientes, donde también se consumían estupefacientes. Según lo revelado por el fiscal, la escala de pagos variaba, comenzando en 60 mil pesos por un beso, subiendo hasta 200 mil pesos por penetración si la menor aún era virgen.

Además, el fiscal describió el papel de un menor amigo de las víctimas, quien aprovechaba su cercanía para identificar a las vírgenes y luego proporcionaba esta información al remisero a cambio de dinero.

El remisero también había establecido un código para comunicar los encuentros a través de mensajes, limitando la duración a 18 minutos casi al final del horario escolar. Además, monitorizaba a las menores, pidiéndoles que se grabaran en ciertas posiciones sugestivas para facilitar las ofertas sexuales.

La magnitud de este caso pone de manifiesto la urgencia de mejorar la respuesta de los organismos del Estado ante denuncias de trata, protegiendo así a las víctimas y evitando que sufran daños irreparables.