Uno a uno: los casos graves en cárceles salteñas que ponen en jaque a Enrique Torres

El 24 de junio de 2024, mediante el decreto 366, Enrique Daniel Torres fue designado Director General del Servicio Penitenciario de Salta. Llegaba al cargo como reemplazo de Carina del Valle Torres, la primera mujer en ocupar la jefatura de la institución. Quince meses después, las cárceles están teñidas de sangre, fugas, causas judiciales y denuncias internas que exhiben un panorama donde la autoridad parece haberse desvanecido.

La última sacudida ocurrió ayer, con la muerte de Nicolás “Chino” Saavedra, principal imputado en la causa Jimena Salas, hallado sin vida en la Alcaidía la víspera del inicio de su juicio. Saavedra había asegurado a su abogado que esperaba la audiencia con tranquilidad, convencido de su inocencia. Sin embargo, murió dentro de un penal bajo control del Estado, en circunstancias que abren más preguntas que respuestas.

El caso no es aislado. En octubre de 2024, José Martín “El Pájaro” Castillo, sicario vinculado a bandas de peso, fue asesinado a golpes con una barra de hierro en su propia celda. La familia sostiene que lo silenciaron. En abril de este año, Martín “El Indio” Flores murió apuñalado dentro del pabellón B2 tras un episodio que terminó en tragedia. Apenas este fin de semana, otro interno recibió puntazos que le perforaron un pulmón.

Las muertes se apilan, los hechos violentos se repiten y la sangre corre detrás de las rejas sin que aparezca una respuesta sólida desde la conducción.

Pero la violencia interna no es lo único. En abril pasado, dos presos se fugaron de la Alcaidía 3 de Orán. La Dirección General pasó a disponibilidad a siete oficiales, incluido el director del penal. La recaptura de uno de los evadidos apenas alivió un bochorno que dejó en evidencia falencias graves en la seguridad.

A esto se sumó el escándalo del juicio contra la red narco que operaba desde Villa Las Rosas, donde incluso un subalcaide terminó detenido. Escuchas y peritajes revelaron el ingreso de drogas y celulares con complicidad interna. El propio Torres reconoció irregularidades en el sistema.

Las denuncias tampoco vienen solo de los internos. El personal penitenciario, cada vez más harto, habla de aprietes, sobrecarga horaria y abusos jerárquicos. El último papelón fue el festival “solidario” donde se obligó a los agentes a vender entradas bajo amenaza velada de sanciones. Algunos aseguran que la presión fue tan directa que ya nadie confía en la palabra de la conducción.

En este clima, las preguntas se multiplican: ¿qué capacidad de mando tiene un director que no logra contener a su tropa? ¿Cómo sostener el respeto cuando las fugas, las muertes y las irregularidades se acumulan? ¿Se gobierna un servicio penitenciario a fuerza de planillas y aprietes?

Los hechos hablan solos. Quince meses después de asumir, Enrique Torres carga sobre su espalda un rosario de episodios graves que hacen tambalear su continuidad. Quizás la peor condena no llegue desde la Justicia ni desde el Ministerio, sino desde adentro: cuando el personal ya no cree en la conducción, el poder de mando se evapora.