Diputados salteños avanzan con la Reforma del Código Procesal Penal

La Cámara de Diputados de Salta dio un paso clave en el tratamiento de la Reforma del Código Procesal Penal, un proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz que busca modernizar la Justicia provincial para que los juicios sean más rápidos, transparentes y accesibles.

En una reunión ampliada, los legisladores escucharon a la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; al juez Pablo López Viñals; al procurador general, Pedro García Castiella; y al defensor general, Martín Diez Villa. Todos coincidieron en que el cambio más importante será pasar de un sistema escrito a uno oral, donde los juicios se desarrollen en audiencias públicas y con mayor agilidad.

Según Ovejero, la experiencia piloto que comenzó en 2023 ya redujo los tiempos de los procesos y permitió resolver más del 40% de los casos de manera anticipada. Además, se modernizaron las salas con equipos de grabación y se puso en marcha el expediente digital penal.

López Viñals resaltó que esta transformación culmina un trabajo iniciado hace más de una década y que Salta adoptará un modelo judicial de calidad, similar al que ya aplican otras provincias.

Por su parte, García Castiella destacó que la reforma prioriza una mirada restaurativa, donde la Justicia busque reparar los conflictos más que solo castigar. También señaló que se incorporan herramientas modernas para agilizar los juicios y resolver diferencias sin necesidad de llegar a una sentencia extensa.

En tanto, Diez Villa remarcó que se implementará un sistema “adversarial pleno”, lo que significa que todas las partes —acusados, fiscales y defensores— tendrán igualdad de oportunidades para defender sus posiciones. Para ello, subrayó la necesidad de fortalecer la Defensa Pública, que es la que garantiza asistencia legal a quienes no pueden pagar un abogado.

La aplicación de la reforma será gradual: comenzará en febrero de 2026 en el Distrito Judicial del Centro y luego se extenderá hacia el interior de la provincia.

Con este avance, la Legislatura busca consolidar un sistema penal más moderno, transparente y cercano a los ciudadanos.