Indignación por condena leve a abusador: atacó a una menor y no irá preso

Una vez más, la Justicia salteña envía un mensaje que resuena con fuerza y malestar en la sociedad: la impunidad puede vestirse de legalidad. En una audiencia celebrada bajo el Plan Piloto de Oralidad, el juez Marcelo Rubio condenó a un joven de 22 años a tres años de prisión condicional —es decir, sin cumplir un solo día tras las rejas— por delitos contra la integridad sexual agravados en perjuicio de una menor de edad.

Sí, leyó bien. A pesar de haber confesado su culpabilidad, el acusado recibió una pena que le permite seguir libre, con la única condición de cumplir algunas reglas de conducta básicas durante dos años. Entre ellas: no acercarse a la víctima, no consumir drogas, y fijar residencia. Como si eso alcanzara para reparar un daño irreversible.

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, un mecanismo que, aunque legal, en este caso parece haber funcionado más como una vía exprés hacia la impunidad. Con la participación del Ministerio Público Fiscal, la defensa, la asesora de Incapaces y la querella, el imputado reconoció su responsabilidad y aceptó una condena que no parece proporcional al delito cometido.

Para cerrar el acuerdo, el condenado deberá pagar 2 millones de pesos en 30 días como “reparación del daño”. Una cifra que, además de baja en números, resulta insultante frente a la gravedad del hecho. ¿Cuánto vale el trauma de una víctima menor de edad? ¿Cuánto cuesta el silencio, la angustia, el temor que se instala para siempre?

El acusado seguirá libre, mientras sus datos genéticos apenas ingresarán a un banco de registro. La comunidad, en cambio, se queda con la amarga sensación de que abusar de una menor puede, en ciertos despachos judiciales, resolverse con plata y promesas de buena conducta.

Esta resolución no solo vulnera el sentido común, sino que pone en cuestión la función misma de la justicia: ¿para quién trabaja? ¿A quién protege? ¿Qué mensaje se le da a las víctimas y a los abusadores? Cada vez que se dicta una sentencia de este tipo, se debilita la ya gastada confianza en las instituciones.