El frío mata en Salta, pero el Estado solo recomienda “abrir la ventana”

Mientras el invierno aprieta con crudeza y los casos de intoxicación por monóxido de carbono en niños superan los 30 solo en la capital salteña, el Gobierno provincial responde con la liviandad de una recomendación. “No use braseros o ventile los ambientes”, insisten desde el Ministerio de Salud. Como si el problema fuera una cuestión de elección individual y no de supervivencia en un contexto de pobreza estructural.

El gobernador Gustavo Sáenz y sus ministros parecen ignorar –o lo que es peor, asumir con indiferencia– que miles de hogares en Salta dependen del brasero como única fuente de calor durante los meses más fríos del año. ¿De qué otra forma se calefacciona una familia que vive en una casa sin gas natural, con paredes de madera y techos de chapa? ¿Cómo se “ventilan los ambientes” cuando lo que se intenta es, justamente, retener algo de calor para que los chicos no se enfermen?

Las campañas oficiales repiten año tras año las mismas fórmulas huecas: evitar el brasero, revisar los artefactos, usar estufas seguras. Pero jamás se menciona que el acceso a una calefacción digna es un privilegio que en Salta no está garantizado. Según datos oficiales, una porción significativa de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y ni hablar de quienes viven en situación de indigencia. Las políticas públicas, en cambio, brillan por su ausencia: ni subsidios reales, ni distribución de estufas seguras, ni soluciones estructurales de vivienda o conectividad al gas.

Mientras tanto, los funcionarios del Gobierno provincial permanecen en oficinas calefaccionadas y confortables, como se puede observar en sus propias fotografías oficiales: el ministro Ricardo Villada aparece en camisa, pulóver liviano y saco; el titular de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, opta por posar con su tradicional poncho. Ambos símbolos no sólo de la estética política, sino también de una burbuja de comodidad alejada del frío real que atraviesan miles de salteños. Ellos no respiran monóxido; respiran privilegio.

El Estado salteño ha elegido mirar para otro lado. Los partes de prensa maquillan la realidad con cifras y recomendaciones técnicas, pero nadie del gabinete de Sáenz se ha hecho presente en los barrios donde los braseros no son un riesgo sino un recurso obligatorio. La responsabilidad de sobrevivir vuelve a recaer sobre los más pobres, mientras la política se encoje de hombros y sugiere abrir una ventana.

Los niños intoxicados no son accidentes. Son el resultado previsible de un sistema que empuja a miles de familias a elegir entre el frío o el monóxido. Lo que hoy se presenta como “casos” aislados, debería llamarse por su nombre: violencia estructural amparada por la desidia oficial.