Más poder para castigar en el Estado: Sáenz le bajó el pulgar a un reclamo de UPCN por los trabajadores

El gobernador Gustavo Sáenz rechazó el planteo presentado por UPCN contra el decreto que delega en ministros y otras autoridades la facultad de resolver sumarios administrativos y aplicar sanciones disciplinarias. La norma sigue vigente y el cuestionamiento sindical quedó descartado por una cuestión formal, sin que el Gobierno entrara a discutir el fondo de la controversia.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 704/2026, firmado el 26 de octubre y publicado este jueves en el Boletín Oficial de Salta. El recurso había sido presentado por Gustavo Daniel Soto, quien invocó su condición de secretario general de UPCN Seccional Salta y la representación del gremio.

El decreto cuestionado, identificado como 506/2026, habilitó al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y otras autoridades competentes a resolver sumarios y aplicar sanciones disciplinarias. La excepción alcanza a aquellos casos en los que una ley especial exige que la sanción sea dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

El cambio pone el foco en quiénes tendrán la facultad de decidir sanciones dentro de la administración pública. La delegación puede agilizar los procedimientos, pero también abre interrogantes sobre los controles y las garantías con las que cuentan los trabajadores frente a decisiones disciplinarias.

Sin embargo, el Gobierno no analizó esos cuestionamientos en profundidad. Para rechazar el recurso, sostuvo que el Decreto 506/2026 es una norma de carácter general y que, por esa razón, no puede ser impugnada mediante el recurso de reconsideración utilizado. También señaló que Soto no acreditó en el expediente su representación gremial ni el interés legítimo o derecho subjetivo que decía defender.

Respecto del planteo de inconstitucionalidad, el Ejecutivo argumentó que la vía administrativa no es la adecuada para obtener esa declaración y que la cuestión debe llevarse ante la Justicia por los mecanismos correspondientes.

En otras palabras, Sáenz rechazó formalmente el intento de UPCN de cuestionar el decreto, pero no hubo una decisión judicial que determinara su constitucionalidad. La norma continúa vigente y cualquier discusión sobre sus límites legales deberá seguir los caminos previstos por el ordenamiento jurídico.