Hallaron cobre, oro y litio en Molinos y crece la preocupación por el avance minero sobre tierras del Valle

La publicación de un edicto del Juzgado de Minas de Salta puso en el centro de la escena a las comunidades y propietarios de tierras del departamento Molinos, donde avanza un trámite minero que abarca 933 hectáreas y se superpone con las fincas Gualfín, Pucarilla y Compuel.

Se trata de la manifestación de descubrimiento de la mina denominada Cobre Dos Central, presentada por la empresa Humboldt Minerals Ltd., un procedimiento que ahora ingresó en una etapa pública y de notificación legal. La presentación declara la existencia de cobre, molibdeno, plomo, zinc, plata, oro y litio en el área denunciada.

El dato genera preocupación entre quienes habitan, producen o ejercen derechos sobre esas tierras porque el área involucrada se encuentra en plena zona productiva y de comunidades del Valle Calchaquí.

El edicto constituye un paso dentro del procedimiento previsto por el derecho minero. Su publicación tiene, entre otras funciones, la de poner formalmente en conocimiento de los propietarios de la superficie —sean titulares de fincas o comunidades que habitan y utilizan tradicionalmente el territorio— que existe una manifestación de descubrimiento minero en el subsuelo.

A partir de esta publicación también se abre una instancia especialmente relevante para los superficiarios: el período legal para formular oposiciones. El plazo habitual es de 60 días, durante el cual quienes consideren que sus derechos pueden verse afectados pueden presentarse ante el Juzgado de Minas y plantear las objeciones que correspondan dentro del marco legal.

Para las comunidades y propietarios del Valle, esta instancia resulta clave porque permite hacer valer derechos vinculados con el territorio, las tierras y otros bienes o intereses que pudieran resultar afectados por el desarrollo futuro del proyecto.

Desde el punto de vista técnico, la manifestación de descubrimiento supone que la empresa realizó una presentación ante la autoridad minera con información sobre el área denunciada, incluyendo sus coordenadas y los elementos técnicos correspondientes. La publicación del edicto permite que ese trámite avance hacia una eventual concesión.

Ese título se refiere a la propiedad minera sobre el subsuelo y no debe confundirse con la propiedad de la superficie. Es decir, que una empresa avance en el procedimiento minero no significa automáticamente que pase a ser dueña de las fincas, campos o territorios donde se encuentra el área denunciada.

La diferencia es fundamental en este caso. El expediente alcanza 933 hectáreas y, según la documentación oficial, existe una superposición con las fincas Gualfín, Pucarilla y Compuel. Por eso, el avance del trámite despierta especial atención entre los propietarios y las comunidades que desarrollan sus actividades en esa zona del Valle Calchaquí.

El proceso, sin embargo, no deja de ser significativo. La publicación oficial convierte al proyecto en un asunto que ya tiene una instancia formal dentro de la estructura minera provincial y obliga a quienes tengan derechos o intereses sobre la superficie a prestar especial atención a los plazos y mecanismos previstos por la legislación.

La preocupación de las comunidades y de los propietarios se explica, precisamente, por ese posible avance sobre un territorio donde conviven actividades productivas, tierras privadas y espacios de uso tradicional. En una zona donde el agua, la tierra y las actividades rurales tienen un peso central, cualquier proyecto extractivo que pretenda desarrollarse en el subsuelo puede generar interrogantes sobre sus posibles impactos y sobre la compatibilidad entre la actividad minera y los usos existentes del territorio.

Por ahora, Cobre Dos Central está en una etapa de trámite y publicidad legal, no de explotación. Pero los próximos 60 días adquieren especial importancia para los superficiarios y comunidades que consideren que sus derechos pueden verse comprometidos, mientras el expediente continúa su recorrido hacia una eventual definición sobre la concesión minera.