Sáenz abandonó a los docentes: después de llevar el FONID a la Corte, ahora renunció al reclamo contra Nación

En 2024, el Gobierno de Salta llevó a la Corte Suprema su reclamo contra Nación por el Fondo Nacional de Incentivo Docente y sostuvo que los recursos eran necesarios para sostener los salarios. Ahora, dos años después, el mismo Gobierno que prometía defender esos fondos decidió desistir de la causa. La renuncia quedó escrita en el convenio que Gustavo Sáenz firmó con Nación.

La letra chica del Decreto 493 expone una contradicción difícil de disimular. La Provincia que había recurrido a la Justicia para reclamar el FONID ahora abandona esa pelea. No se trata de una interpretación política ni de una lectura forzada: la cláusula quinta del convenio establece expresamente que Salta desiste de la acción y del derecho en el expediente “SALTA, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMÍA - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO) s/ AMPARO (CSJ 529/2024) - FONID”.

La causa había sido iniciada por la Provincia en 2024, cuando el Gobierno nacional dejó de transferir el Fondo Nacional de Incentivo Docente. En aquel momento, Sáenz decidió llevar el conflicto hasta la Corte Suprema y reclamó que Nación retomara el envío de los recursos destinados al financiamiento docente.

La posición oficial de entonces era que Salta defendía ante la Justicia el dinero que Nación había dejado de enviar y advertía sobre el impacto que la decisión tendría sobre la educación y los salarios. Ahora, esa pelea quedó abandonada.

De llevar el reclamo a la Corte a tirar la toalla

El FONID no apareció de la nada en la discusión salarial. Fue creado por la Ley 25.053 en 1998 y destinado específicamente al mejoramiento de las remuneraciones de los docentes.

Durante años, el fondo representó una parte del ingreso de los trabajadores de la educación. Su interrupción generó reclamos de las provincias y de los gremios docentes, porque implicaba trasladar a las jurisdicciones provinciales una carga que hasta entonces contaba con financiamiento nacional.

Salta fue una de las provincias que decidió judicializar el conflicto. Sáenz no se limitó a protestar públicamente: fue a la Corte Suprema. El expediente quedó identificado como CSJ 529/2024, precisamente el mismo que ahora aparece en la cláusula quinta del convenio como uno de los procesos de los que la Provincia desiste.

Y hay una diferencia sustancial entre “suspender” un reclamo y lo que firmó ahora el Gobierno provincial. El texto no dice que Salta postergará la demanda. No dice que esperará una resolución judicial. No dice que mantendrá sus derechos para retomarla más adelante. Dice que “desiste de la acción y del derecho”.

Los docentes, otra vez en el medio

La decisión adquiere otra dimensión cuando se recuerda que el propio Gobierno provincial había sostenido que la falta del FONID perjudicaba directamente el financiamiento educativo.

De hecho, ante la ausencia de los fondos nacionales, la Provincia llegó a implementar mecanismos propios para compensar parcialmente el impacto sobre los trabajadores de la educación.

El argumento oficial era claro: mientras Nación incumplía con el envío de fondos, Salta debía poner recursos propios para sostener una parte de lo que antes llegaba desde el Estado nacional. ¿Qué cambió?

El convenio no pone precio al FONID

Hay que ser precisos: el convenio no establece que Salta haya recibido una determinada suma a cambio de abandonar el juicio por el FONID. No hay una cláusula que diga cuánto “valió” la causa ni permite atribuirle un precio individual al desistimiento.

Pero hay otro dato que tampoco puede ocultarse. El abandono del expediente por el FONID está dentro del mismo convenio que determina el saldo de $265.914 millones a favor de Nación y establece las condiciones de pago de esa deuda. Es decir, jurídicamente son parte del mismo acuerdo.

La Provincia reconoce sus obligaciones, acuerda un esquema de cancelación, y en ese mismo instrumento renuncia a la acción y al derecho en el reclamo judicial por el FONID. Eso es lo que ahora deberá explicar el Gobierno de Sáenz.

¿Dónde quedó la defensa del salario docente?

Mientras la Provincia abandona el reclamo judicial, los docentes siguen enfrentando una discusión salarial que nunca dejó de estar atravesada por la pérdida de financiamiento nacional.

El FONID no era un beneficio simbólico ni una transferencia sin destino. Era dinero destinado a mejorar la remuneración de los trabajadores de la educación.

Por eso, el problema excede una cuestión técnica entre dos gobiernos. Porque detrás del expediente CSJ 529/2024 hay docentes, escuelas y salarios. Y detrás de la firma del Decreto 493 también hay una decisión política. Sáenz decidió que Salta deje de reclamar judicialmente el FONID.

Una bandera que duró hasta que llegó la hora de negociar

La contradicción es difícil de pasar por alto. En 2024, cuando Nación cortó los fondos, Sáenz se presentó como defensor de los recursos docentes y llevó el conflicto a la máxima instancia judicial del país.

En 2026, cuando llegó el momento de cerrar un acuerdo financiero con el Gobierno nacional, esa causa desapareció del camino.

Para los docentes salteños, el mensaje es difícil de ignorar: cuando había que reclamarle a Nación, la Provincia decía defender el FONID; cuando llegó el momento de acordar con Nación, la Provincia desistió del reclamo. ¿Qué pasó con aquella defensa de los docentes que llevó al gobernador hasta la Corte Suprema?

Porque la causa sigue existiendo en el papel. Lo que cambió fue la posición de la Provincia. Sáenz la llevó a la Justicia para reclamar el FONID. Dos años después, la misma Provincia firmó para abandonarla. Y los que quedan mirando cómo se cierra esa puerta no son los funcionarios que firmaron el convenio. Son los docentes.