De desafiar las restricciones en el peor momento del COVID a enfrentar una imputación por presuntas estafas y fraude: el presente del diputado y ex intendente "Rulo" Vargas

La Justicia dio un nuevo paso en la investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del exintendente de San Carlos, Héctor Raúl Vargas. La Municipalidad fue notificada formalmente por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en su condición de víctima dentro de una causa penal que investiga posibles hechos de corrupción ocurridos durante la administración anterior.

La denuncia había sido presentada en diciembre de 2023, poco después de la asunción de la actual intendenta María Vargas, con el asesoramiento legal del Dr. Gastón Paz. Desde entonces, el expediente avanzó hasta derivar en una audiencia de imputación contra el exjefe comunal.

De acuerdo con lo informado por el Dr. Gastón Paz, el Legajo U.D.E.C. N° 27/26 investiga los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y otras figuras que podrían surgir a medida que avance la causa.

El pasado 29 de julio, la Fiscalía firmó el decreto de citación a audiencia de imputación contra Héctor Raúl Vargas. Con la notificación recibida esta semana, el municipio quedó habilitado a ejercer los derechos que le reconoce el nuevo Código Procesal Penal de Salta como parte damnificada.

Entre esas facultades se encuentran el acceso al expediente, la posibilidad de ofrecer pruebas, mantenerse informado sobre el desarrollo del proceso y presentarse como querellante y actor civil para reclamar una eventual reparación por los perjuicios económicos que pudiera haber sufrido el Estado municipal.

Desde la intendencia también hicieron referencia al artículo 26 del nuevo Código Procesal Penal, que regula la comparecencia de funcionarios con inmunidad. La norma establece que, si un legislador no concurre a una audiencia de imputación luego de ser citado en dos oportunidades, el juez podrá solicitar su desafuero, remoción o juicio político para garantizar la continuidad del proceso judicial.

Por el momento, la Justicia aún no fijó la fecha en la que se realizará la audiencia de imputación, mientras el municipio anticipó que seguirá de cerca el avance de la causa.

La situación vuelve a poner el foco sobre un dirigente que ya había protagonizado una fuerte polémica durante su paso por la intendencia. En 2021, cuando Argentina atravesaba uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 y regían estrictas restricciones para evitar la propagación del virus, Vargas fue registrado participando de una fiesta clandestina en la localidad de Amblayo.

Las imágenes difundidas en aquel momento lo mostraban bailando entre una multitud, en un encuentro que se realizó pese a que ese tipo de reuniones estaban prohibidas por las medidas sanitarias vigentes. El episodio generó un amplio repudio debido a que ocurrió mientras la población enfrentaba severas limitaciones y el sistema de salud atravesaba uno de los picos de contagios más delicados de la emergencia sanitaria.

Ahora, el exintendente vuelve a enfrentar un escenario complejo, aunque esta vez en el ámbito judicial, con una investigación que buscará determinar si durante su gestión también existieron responsabilidades penales vinculadas al manejo de los recursos públicos.