Entre la fe y la política: el Gobierno creó un régimen especial para cultos religiosos

El Gobierno de Salta avanzó oficialmente en la creación de un régimen administrativo especial destinado a iglesias, cultos y entidades religiosas de toda la provincia. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), que establece un “Libro Especial de Entidades Religiosas” para registrar y reconocer formalmente a organizaciones vinculadas al ámbito religioso.

La resolución reconoce a iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas como personas jurídicas privadas diferenciadas, en línea con lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación. A partir de ahora, estas instituciones podrán acceder a un esquema específico para registrar autoridades, rubricar libros contables y sociales, y realizar trámites administrativos ante el organismo provincial.

Según el propio texto oficial, la medida alcanzaría a más de 500 instituciones religiosas con domicilio en Salta que actualmente se encuentran inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. El nuevo sistema también permitirá que asociaciones civiles o fundaciones de carácter religioso puedan transformarse formalmente en entidades religiosas reconocidas bajo esta nueva categoría administrativa.

Desde el Gobierno argumentaron que la resolución busca cubrir un “vacío operativo y registral” existente desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ya que muchas organizaciones religiosas no contaban con mecanismos específicos para cumplir obligaciones contables y administrativas sin recurrir a figuras como asociaciones civiles o fundaciones.

Sin embargo, el rol de los cultos dentro de la estructura estatal y el nivel de reconocimiento diferencial que comenzarán a tener determinadas organizaciones religiosas dentro de la administración provincial con la creación de un registro exclusivo, separado de asociaciones civiles y fundaciones tradicionales, marca un cambio importante en la relación institucional entre el Estado y los espacios religiosos.

La resolución fue firmada por la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas y tendrá vigencia hasta que la Legislatura provincial adecúe formalmente la Ley 8086 al nuevo esquema de personas jurídicas contemplado por el Código Civil y Comercial de la Nación.