Mientras ajustan a policías y penitenciarios, el Gobierno alquila camionetas 4x4 por cifras millonarias al mes

Mientras egresados de la Policía y del Servicio Penitenciario denuncian que atraviesan meses sin cobrar y aseguran que “están pasando hambre”, el Gobierno de Salta volvió a quedar bajo la lupa por el millonario esquema de alquiler de camionetas 4x4 para áreas dependientes de Jefatura de Gabinete.

La contradicción empezó a generar ruido político en las últimas horas. Por un lado, el malestar creciente dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Por el otro, contratos estatales para vehículos de alta gama que podrían representar millones de pesos mensuales en alquileres.

Hace apenas días, aspirantes del Servicio Penitenciario Provincial expusieron públicamente a través de El Caudillo la desesperante situación económica que atraviesan por la demora en sus haberes. En paralelo, efectivos policiales denunciaron, también mediante este medio, dificultades extremas para sostener a sus familias y reclamaron mejoras salariales urgentes. 

En ese contexto, la nueva prórroga del contrato con la empresa L’ALLIANCE S.A., oficializada mediante el Boletín Oficial del 13 de mayo, cae muy pesada en distintos sectores estatales. No se cuestiona la legalidad del proceso, sino la prioridad del gasto público.

Hoy, alquilar una camioneta 4x4 en Salta ronda entre los $109 mil y $140 mil diarios según valores publicados por empresas privadas del sector rent a car en la provincia. Tomando un promedio conservador de $120 mil diarios, una sola unidad puede representar cerca de $3,6 millones por mes.

Hagamos cuentas. El esquema contempla varias camionetas funcionando simultáneamente —como ocurre habitualmente en contratos estatales— el gasto total mensual podría superar ampliamente los $30 millones.

Ahora comparemos. Según valores publicados en abril por ACARA, una Toyota Hilux 4x4 DX AT ronda los $59.383.000 en Argentina. Es decir: con lo que el Estado podría terminar pagando en alquileres prolongados durante meses o años, la Provincia podría adquirir vehículos propios que quedarían como patrimonio estatal. Entonces, ¿por qué alquilar eternamente móviles privados en lugar de invertir en una flota oficial permanente?

La contratación depende del área de Jefatura de Gabinete, una estructura que tiene bajo su órbita organismos como el IPV, Vialidad Provincial, Aguas del Norte, Salta Deportes, Tierras y Bienes, Prensa y Comunicación, Obras Públicas y el área de Consumos Problemáticos encabezada por Alba Quintar.

¿Realmente alguna de esas dependencias necesitan camionetas 4x4 de alta prestación? ¿parte de las funciones podrían cumplirse con vehículos utilitarios convencionales de mucho menor costo operativo?

Una cosa es justificar móviles especiales para caminos rurales o tareas técnicas complejas. Pero otra muy distinta es sostener contratos millonarios de alquiler para estructuras predominantemente administrativas y urbanas.

Hasta ahora, el Gobierno provincial no difundió informes públicos comparativos que expliquen por qué el alquiler sería más conveniente que la compra directa. Tampoco se conocen detalles integrales sobre cuánto dinero total destina anualmente la Provincia al sistema de alquileres vehiculares.

En términos estrictamente legales, no existen elementos públicos que permitan afirmar irregularidades. Pero políticamente incomoda en un contexto de ajustes a los sectores trabajadores. Sobre todo cuando las mismas estructuras estatales que hablan de austeridad conviven con policías denunciando hambre, aspirantes penitenciarios reclamando pagos atrasados y contratos millonarios para camionetas que, al final del convenio, seguirán siendo privadas.