En un plenario atravesado por la tensión entre explotación minera y protección ambienta, el Gobierno de Salta defendió la reforma de la Ley de Glaciares

En el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debate la reforma de la Ley 26.639 de protección de glaciares, la provincia de Salta fijó posición a través de sus funcionarios Gustavo Carrizo y Sebastián Varela, en una jornada marcada por la ausencia de los gobernadores del llamado triángulo del litio, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Carlos Sadir, quienes vienen encabezado la defensa política de la iniciativa.

En lugar del gobernador, la provincia de Salta expuso su posición con dos voces técnicas, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, y el coordinador de la Secretaría de Ambiente, Sebastián Varela.

“¿Quién más que los salteños sabemos defender nuestros recursos? ¿Quién más que los salteños sabemos defender lo que nosotros consideramos necesario para generar nuestra riqueza?”, planteó Carrizo al inicio de su exposición. De esa manera, y manteniendo el mismo tono discursivo que Sáenz, marcó el encuadre de su exposición.

En un debate en el que la Ley 26.639 fija presupuestos mínimos ambientales aplicables en todo el territorio nacional, el funcionario buscó desplazar la discusión hacia la órbita provincial. Afirmó que son las provincias —y no la Nación— las que deben definir cómo gestionar sus recursos naturales.

El argumento se apoyó en cifras que ya habían sido parte del discurso oficial en la previa del tratamiento legislativo. “Hoy tenemos 6 proyectos en producción ya, entre litio y metalíferos. Tenemos 30 proyectos metalíferos en distintas etapas. Tenemos 30 proyectos de litio también en distintas etapas. 8 proyectos borateros”, enumeró.

Y remató con una definición que sintetiza la política minera de la provincia: “Si ustedes nos preguntan si la minería genera un impacto económico en la provincia, por supuesto que sí. Hoy la minería es un motor de la economía”, aseguró.

La gestión de Sáenz busca posicionar a Salta como actora central en la transición energética global, con inversiones proyectadas que superan los 10.000 millones de dólares y un esquema consolidado a partir del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En ese marco, señala la Ley de Glaciares como un límite a revisar.