Casas del IPV bajo la lupa: buscan controlar quiénes las usan y para qué

En una provincia con emergencia habitacional, donde miles de familias esperan durante años para acceder a una vivienda social, crece el malestar por una realidad que se repite: casas del IPV que no son habitadas por sus adjudicatarios, que permanecen abandonadas, se alquilan, se venden o terminan en manos de personas que no las necesitan.

La situación expone una contradicción cada vez más visible en Salta: mientras hay listas interminables de postulantes sin techo propio, existen centenares de viviendas sociales que no cumplen el fin para el que fueron construidas. En distintos barrios se observan casas cerradas o directamente ocupadas por terceros que no figuran como beneficiarios.

En ese contexto, se impulsa un proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Inmuebles Adjudicados como Vivienda Social, una herramienta que permitiría identificar cada casa otorgada por el Estado y establecer controles reales sobre su uso.

La propuesta apunta principalmente a las viviendas entregadas por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y prevé un sistema público y digital con datos como domicilio, programa habitacional y restricciones para vender, alquilar o ceder los inmuebles.

Además, se contempla un canal formal de denuncias, presencial y digital, para reportar irregularidades de forma confidencial, habilitando a los propios vecinos a alertar sobre casas vacías, alquiladas o utilizadas con fines comerciales.

El trasfondo del debate es profundo: abundan las denuncias informales sobre adjudicaciones a personas con vínculos políticos o de amistad, beneficiarios que usan las casas como negocio y familias que, mientras tanto, siguen esperando una vivienda digna desde hace años.

En una provincia donde tener casa propia sigue siendo un privilegio, el control sobre las viviendas sociales se convirtió en una demanda social cada vez más fuerte.