Condenado por la Justicia y sin lugar en Diputados, “Checho” Oliva buscaría volver a la intendencia de Aguas Blancas

Sergio “Checho” Oliva no querría quedarse afuera del poder. Ante la altísima e inminente posibilidad de no renovar su mandato como diputado provincial, el exintendente de Aguas Blancas buscaría regresar al municipio en 2027. Por ahora, no se trata de una candidatura oficializada, sino de una intención que habría expresado en conversaciones políticas.

El eventual regreso tiene un antecedente que no puede quedar al margen: Oliva fue condenado por la Justicia Federal por violación de los deberes de funcionario público a raíz de una decisión tomada durante su primera gestión al frente del municipio. Aun así, hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados de Salta y forma parte del bloque Todos por Salta, identificado con el gobernador Gustavo Sáenz.

De Romero y Olmedo al oficialismo de Sáenz

Oliva llegó a la intendencia en 2015 bajo el frente Romero + Olmedo, la alianza impulsada por Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo. Aquel espacio fue el vehículo político que lo llevó a conducir Aguas Blancas cuando la localidad comenzaba su etapa como municipio autónomo.

Pero su recorrido no quedó atado a ese origen. Ese mismo año, antes de asumir, participó de acercamientos políticos al gobierno de Juan Manuel Urtubey, en un movimiento que la prensa de la época describió como un alejamiento del romerismo. Con el paso del tiempo, su alineamiento terminó dentro del oficialismo provincial que conduce Sáenz.

Ahora, ante la posibilidad de quedarse sin continuidad legislativa, Oliva volvería a mirar hacia el municipio que ya gobernó, y que hoy se encuentra con la intervención a cargo de Adrián Zigarán. 

La condena federal que marcó su gestión

El antecedente judicial se remonta a abril de 2016. Según la investigación, cuando era intendente Oliva ordenó abrir una calle lateral hacia la ribera del río Bermejo, en las inmediaciones del paso fronterizo Puerto Chalanas, sin la autorización correspondiente para una zona de seguridad nacional. La apertura generó una vía alternativa al control fronterizo y derivó en una investigación judicial.

En septiembre de 2022, el juez federal Julio Bavio lo condenó por violación de los deberes de funcionario público a seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la función pública. En diciembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, aunque ordenó revisar el monto de la pena porque superaba lo solicitado por la fiscalía. Esa decisión no significó una absolución.

El antecedente es relevante para cualquier discusión sobre su futuro político: no fue solamente una denuncia o una disputa entre dirigentes, sino una condena vinculada con una decisión tomada mientras ejercía la intendencia. Para establecer si existe actualmente alguna restricción que afecte una eventual candidatura, debe verificarse el estado procesal más reciente y el alcance vigente de la inhabilitación.