Tras la muerte de un agente del SPPS, apuntan al director de la UC1 y a la cúpula del Servicio Penitenciario

La muerte de Juan Pablo Burgos, joven agente del Servicio Penitenciario de Salta que se quitó la vida el 1 de enero en la ciudad de Orán, profundizó un fuerte malestar interno en la fuerza y volvió a poner bajo la lupa a su conducción. El hecho sacude a una institución que depende del Ministerio de Gobierno, a cargo de Ignacio Jarsún, y expone un esquema de mando donde las responsabilidades no pueden diluirse.

Según pudo recopilar El Caudillo a partir de testimonios directos de efectivos penitenciarios, en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas las principales miradas apuntan contra su director, Sergio Gutiérrez, señalado como el responsable directo de avalar un régimen de trabajo extremo durante las fiestas de fin de año, con sobrecarga de turnos, suspensión de francos y un clima de presión constante sobre el personal.

En ese esquema aparece Claudio Burgos, encargado del Departamento de Seguridad Externa, como quien ejecutó las disposiciones operativas. Sin embargo, de acuerdo a la información exclusiva a la que accedió ElCaudillo.com.ar, los propios agentes remarcan que este tipo de decisiones no se toman de manera aislada ni unilateral, sino con el conocimiento y consentimiento de la conducción de la unidad y del Servicio Penitenciario en su conjunto.

Desde El Caudillo se pudo constatar que las órdenes implementadas durante Navidad y Año Nuevo incluyeron la prohibición de intercambiar turnos, una medida que impidió que muchos agentes del interior pudieran viajar para pasar las fiestas con sus familias, obligándolos a permanecer en soledad y sin contención en un contexto de alto desgaste físico y emocional.

Las críticas también alcanzan de lleno al director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, a quien los trabajadores señalan como responsable político de permitir y sostener este modelo de conducción. “Nada de esto se hace sin el visto bueno de arriba”, repiten los efectivos, que advierten que las cadenas de mando están claras y no admiten excusas administrativas.

El cuadro se agrava por la ausencia total de políticas reales de salud mental y por el descrédito del Departamento de Bienestar del Personal, descripto por los propios agentes como una estructura inoperante, funcional a los vínculos de los altos mandos, pero inexistente cuando el personal atraviesa situaciones límite.

La muerte de Juan Pablo Burgos se transformó en una advertencia brutal sobre las consecuencias de un sistema que exige obediencia absoluta, pero se desentiende cuando el costo humano se vuelve irreversible.