Milei no pudo: Diputados rechazaron los vetos al Garrahan y a las universidades

La Cámara de Diputados se posicionó en contra de varios vetos del presidente Javier Milei, aprobando con 181 votos a favor la ley de emergencia sanitaria en salud pediátrica y, con 174 votos afirmativos, la ley de Financiamiento Universitario. Este momento crucial se dio mientras el jefe de Estado convocaba a su Gabinete en la Casa Rosada, y externamente, las calles estaban envueltas en la Marcha Federal Universitaria, apoyada por diversas organizaciones sociales.

En un intento de cambiar la dirección de la votación, Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, sugirió que se discutiera en comisión la posibilidad de actualizar los aumentos previstos en el Presupuesto 2026 para los sectores sociales a partir de octubre de este año. Este intento se vio obstaculizado por el apoyo de aliados, incluyendo a miembros del PRO como Silvia Lospennato y José Núñez, quienes votaron a favor de discutir los vetos.

Uno de los momentos destacados fue el cruce entre Alejandro Finocchiaro, quien abogó por un sistema parlamentario más confrontativo al estilo inglés, y otros diputados, lo que generó un intenso debate sobre los valores y las posturas políticas en juego.

La votación se realizó con un quórum inicial de 132 presentes, a pesar de un extenso orden del día que incluía cuestiones sensibles como la citación de figuras del Gobierno y la creación de una comisión investigadora por el Caso Fentanilo.

La estrategia del oficialismo se vio comprometida por la falta de apoyo del PRO, que es esencial para alcanzar los 81 votos requeridos para bloquear la mayoría especial. Las leyes aprobadas buscan no solo la recomposición salarial del personal de salud, sino también una actualización presupuestaria para las universidades públicas, vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La ley de emergencias pediátricas incluye medidas para asignar recursos a medicamentos y tecnologías, mientras que la iniciativa de financiamiento universitario contempla un ajuste de salarios que deberá ser exigido por el Poder Ejecutivo, garantizando así condiciones laborales más justas para docentes y no docentes hasta finalizar el año 2025.