Piden prisión efectiva para Carla Cordero, exfuncionaria de extrema confianza del actual ministro Mario Mimessi

La Justicia Federal solicitó cuatro años de prisión efectiva para Carla Cordero, una figura clave de la gestión del exintendente de Tartagal, Mario Mimessi, hoy ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Salta. Cordero, que fuera directora de la Mujer y la Diversidad y amiga personal del ministro, está acusada de defraudar al Estado con fondos destinados a mujeres víctimas de violencia de género.

El pedido fue formalizado el pasado 30 de junio por el fiscal federal Marcos Romero, quien también solicitó la elevación a juicio de la causa, en la que se investiga una red de corrupción montada desde el corazón mismo de un área destinada a la contención de las mujeres más vulnerables.

Cordero no solo ocupó un cargo estratégico en la gestión de Mimessi, sino que fue una de sus funcionarias más cercanas y de extrema confianza, elegida para administrar el Programa Acompañar, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Hoy, con el avance de la causa, se multiplican las preguntas sobre qué sabía Mimessi y cuánto de esta red operaba bajo su radar político.

Una estafa con rostro progresista

La maniobra, que data de 2021, salió a la luz cuando varias mujeres denunciaron haber sido obligadas a presentar denuncias falsas de violencia de género para acceder al programa nacional. A cambio, debían entregar una parte del dinero que recibían mensualmente, bajo la amenaza de ser dadas de baja. Una extorsión disfrazada de asistencia estatal.

Las primeras denuncias anónimas fueron seguidas por una presentación formal de tres dirigentes locales, entre ellos el actual diputado provincial electo Nicolás Arce. Más adelante, una de las beneficiarias del programa, Grecia Arias, decidió romper el silencio y denunciar públicamente lo que calificó como un sistema de abuso montado desde las oficinas de Cordero.

Una red con conexiones en el poder

Además de Carla Cordero, el fiscal pidió la misma pena de prisión para su exsecretaria Sandra Domínguez, el hijo de esta, Lautaro Hurtado, y Celeste Robles, otra empleada del área. Pero lo que más inquieta es que Cordero mantenía (o mantiene) una relación sentimental con Farid Obeid, actual Director General de Articulación y Promoción en el Ministerio de Desarrollo Social provincial y exvocal del Tribunal de Cuentas Municipal de Tartagal, también involucrado en escándalos en aquel municipio, como cuando dispuso que los infractores de tránsito paguen sus multas donando sangre.

Las conexiones políticas entre los implicados y el actual ministro Mimessi no pueden seguir siendo ignoradas. La confianza depositada en una funcionaria que terminó siendo el engranaje principal de una estafa contra mujeres vulnerables deja al desnudo la falta de controles y la permisividad política que reinaba en aquella gestión.