Diputados buscan tratar de forma responsable los residuos electrónicos del Estado: ¿una ley clave para el ambiente?

Salta busca tratar de forma responsable los residuos electrónicos del Estado: una ley clave para el ambiente

Un nuevo proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados de Salta propone un cambio fundamental en la forma en que el Estado provincial maneja su basura tecnológica. Se trata de una iniciativa que busca establecer un plan de gestión y tratamiento responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que se generan dentro de la Administración Pública.

Esto incluye computadoras, impresoras, monitores, teléfonos, fotocopiadoras y todo tipo de dispositivos eléctricos que ya no se usan y que muchas veces terminan arrumbados o descartados como basura común. El problema es que estos residuos contienen sustancias peligrosas que pueden contaminar el ambiente y afectar la salud de las personas.

El proyecto abarca a todos los organismos del Estado: desde ministerios, entes descentralizados y empresas estatales, hasta el Poder Judicial, el Legislativo y la Auditoría General.

"El objetivo es que el Estado provincial comience a hacerse cargo de su propia basura electrónica, y que no la deseche sin control", explicaron los legisladores que impulsan la iniciativa. Con este plan, se busca recuperar materiales valiosos (como metales y componentes reutilizables) y reducir el daño ambiental.

Según datos recientes, en la Argentina solo se recicla formalmente el 3% de estos residuos, mientras que el resto termina muchas veces en basurales comunes, generando un serio problema ambiental.

La iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con otras leyes ya implementadas en provincias como Buenos Aires, Chaco, Santa Fe y San Juan, donde el tratamiento diferenciado de residuos electrónicos ya es obligatorio.

En Salta, si se aprueba esta ley, será obligatorio que los organismos estatales clasifiquen y gestionen estos residuos de manera especial, evitando que se mezclen con los domiciliarios y generen un impacto negativo en la salud o el ambiente.

La ley también plantea la necesidad de articular con pequeñas empresas recicladoras y fomentar el empleo verde, además de concientizar a los trabajadores estatales sobre el impacto de estos residuos.