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# Santa Fe frena un desmonte ilegal y Salta acumula miles de hectáreas arrasadas: dos provincias, dos respuestas políticas

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Mientras el Gobierno de Santa Fe llevó a la Justicia a una empresa por desmontar ilegalmente 47,5 hectáreas de bosque nativo protegido, Salta vuelve a quedar expuesta por la magnitud de la deforestación. Un relevamiento de Greenpeace ubicó a la provincia en el segundo lugar entre los distritos del norte argentino con mayor superficie desmontada durante los primeros nueve meses de 2026, con 20.122 hectáreas afectadas. El contraste no pasa solamente por el daño ambiental, sino también por la decisión política de intervenir frente a quienes avanzan sobre los ecosistemas.

El caso santafesino tiene una particularidad que merece atención. En el departamento 9 de Julio, la empresa Algoservicio S.A. desmontó 47,5 hectáreas de bosque nativo en una zona de máxima protección ambiental para avanzar con la construcción de una planta industrial destinada al procesamiento de algodón. La firma no contaba con los permisos ambientales correspondientes ni había presentado el Estudio de Impacto Ambiental obligatorio.

La respuesta del Gobierno provincial fue intervenir. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático intimó a detener los trabajos, dispuso la clausura del predio y promovió actuaciones judiciales. La Procuración General impulsó un amparo colectivo ambiental y la Justicia de Tostado dictó una medida cautelar que prohíbe nuevas intervenciones en el terreno y ordena retirar las maquinarias y los materiales de construcción.

La superficie afectada está clasificada como Categoría I, Zona Roja, por la normativa provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos. Es decir, un área de máxima conservación donde las intervenciones de este tipo están prohibidas. La detección se produjo a partir del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que utiliza imágenes satelitales para identificar la pérdida de cobertura forestal.

La decisión política santafesina no se limitó a constatar una irregularidad ni a emitir una advertencia. Hubo clausura, denuncia judicial y una medida cautelar para impedir que las obras continuaran. Una intervención concreta frente a un emprendimiento privado que avanzaba sobre un área protegida.

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**En Salta, los números dibujan un escenario mucho más preocupante.** El relevamiento de Greenpeace correspondiente al período enero-septiembre de 2026 registró 73.224 hectáreas desmontadas en cuatro provincias del norte argentino. Santiago del Estero encabezó el registro con 35.368 hectáreas, seguida por Salta con 20.122, Chaco con 9.339 y Formosa con 8.395.

La cifra coloca a Salta en el segundo puesto de ese relevamiento regional, con una superficie de bosque nativo perdida que supera ampliamente la extensión intervenida en el caso santafesino. No se trata de comparar hectáreas de manera aislada, sino de observar qué ocurre cuando el deterioro ambiental alcanza dimensiones alarmantes y qué respuestas ofrecen los gobiernos responsables de controlar el territorio.

Greenpeace viene advirtiendo sobre la insuficiencia de las multas económicas para frenar los desmontes ilegales y cuestiona los escasos controles, la flexibilización de las normativas y las autorizaciones de deforestación en zonas donde no está permitido. En julio, la organización también había advertido que Salta duplicó la deforestación respecto del mismo período del año anterior y cuestionó la política provincial en materia de bosques.

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La comparación con Santa Fe deja expuesta una diferencia que trasciende las jurisdicciones. Frente a un hecho concreto de destrucción de bosque nativo, una administración decidió activar sus organismos ambientales, clausurar el predio y acudir a la Justicia para detener las obras. En Salta, en cambio, el volumen de la pérdida forestal vuelve a instalar interrogantes sobre la eficacia de los controles y la determinación del Gobierno provincial para impedir que estos daños continúen.

La protección ambiental no se mide solamente por las leyes que una provincia tiene escritas ni por los discursos sobre desarrollo sostenible. También se mide por la capacidad de hacer cumplir esas normas, enfrentar intereses económicos y actuar antes de que el daño sea irreversible.

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Santa Fe mostró que existe una decisión política posible frente a un desmonte ilegal. Salta, con más de 20.000 hectáreas desmontadas en apenas nueve meses, sigue teniendo pendiente demostrar que la defensa de sus bosques nativos es una prioridad concreta y no solamente una declaración.

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