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  - "consumo problemático"
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# El norte salteño está al límite: comunidades hartas de la inacción del estado, intentaron incendiar casas señaladas por vender drogas a menores y niños

![Multitud observa cabaña entre humo](/download/multimedia.normal.8aa6152d3bb82cf0.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El hartazgo llegó a un punto límite en el norte salteño. **Mujeres de la comunidad indígena El Quebrachal intentaron incendiar viviendas cuyos ocupantes señalan como presuntos vendedores de drogas a niños, adolescentes y jóvenes. La intervención policial evitó que el fuego terminara en una tragedia.**

El episodio ocurrió la semana pasada en General Ballivián, departamento San Martín. Según la información conocida, los efectivos que llegaron para intervenir contaban con un único móvil policial que debió trasladarse desde Embarcación hasta la localidad. En medio de la tensión, lograron frenar el incendio y resguardar a las personas señaladas por las mujeres de la comunidad. Tres femeninas fueron trasladadas en el patrullero.

Lo ocurrido no puede reducirse a un enfrentamiento entre vecinos ni a un episodio aislado de violencia. Detrás de esa reacción hay un reclamo que viene creciendo, comunidades que aseguran estar perdiendo el control de una situación que afecta a sus hijos y familias que sienten que nadie está llegando a tiempo para protegerlos.

El norte provincial parece convertirse en una bomba de tiempo. Las denuncias por consumo problemático entre menores, los señalamientos sobre presunta venta de drogas, presuntos abusos contra niños y adolescentes a cambio de sustancias y los episodios de violencia muestran una crisis que necesita una intervención urgente. Cuando las comunidades llegan al extremo de intentar prender fuego viviendas porque sienten que las instituciones no ofrecen respuestas, el problema dejó de ser exclusivamente sanitario o policial. También es una señal de un Estado que no consigue contener el conflicto antes de que estalle.

**Pero hay una responsabilidad política que no puede quedar afuera. En Salta existe la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos (CIPAC), conducida por Alba Quintar y creada bajo la órbita de Jefatura de Gabinete para articular las políticas provinciales frente a esta problemática.**

La estructura fue presentada como una herramienta para coordinar las respuestas de distintos ministerios. Sin embargo, mientras se anuncian programas y estrategias, en el departamento San Martín las comunidades siguen reclamando ayuda y los conflictos escalan hasta situaciones que podrían terminar en una tragedia.

Tampoco alcanza con enviar policías cuando el conflicto ya explotó. La seguridad es necesaria, pero no reemplaza la prevención, la atención de las adicciones, el acompañamiento a las familias ni la protección integral de niños y adolescentes. Mucho menos cuando las comunidades denuncian que el problema viene creciendo desde hace tiempo.

El hartazgo de las mujeres de El Quebrachal es una señal que las autoridades no deberían ignorar. La violencia nunca puede convertirse en una salida ni justificar ataques contra viviendas o personas, pero tampoco puede utilizarse ese episodio para esconder las razones que llevaron a semejante nivel de desesperación.

El Gobierno de Gustavo Sáenz tiene una obligación que ya no admite más postergaciones. Y Alba Quintar, desde el área que conduce, debe mostrar qué está haciendo y cuáles son los resultados de una estructura creada precisamente para enfrentar esta crisis.

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