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# El monte se desangra bajo la gestión Sáenz: Salta quedó en segundo lugar con más de 20.000 hectáreas de bosques arrasados en nueve meses

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La deforestación avanza sobre el norte argentino a un ritmo preocupante. Un relevamiento satelital de Greenpeace registró la pérdida de 73.224 hectáreas de bosques nativos entre enero y septiembre de 2026 en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Dentro de ese escenario, Salta ocupa el segundo lugar, con 20.122 hectáreas afectadas. Una cifra que vuelve a exponer la gravedad de la crisis ambiental provincial y los cuestionamientos sobre la capacidad de control del Gobierno de Gustavo Sáenz.

## Cuatro provincias y miles de hectáreas de bosque desaparecidas

Santiago del Estero encabezó el registro con 35.368 hectáreas perdidas, seguida por Salta con 20.122, Chaco con 9.339 y Formosa con 8.395. La dimensión del fenómeno refleja un deterioro acelerado de los ecosistemas nativos, fundamentales para conservar el agua, proteger los suelos, regular las temperaturas y sostener la biodiversidad.

En Salta, uno de los focos más preocupantes se encuentra en el departamento San Martín. El 1 de octubre, Greenpeace denunció desmontes en territorios de comunidades wichí cercanas a Tartagal. Según la organización, más de 3.300 hectáreas fueron afectadas en las fincas Tonono, Alcoba y Caraguatá desde principios de agosto. Las intervenciones comprometerían territorios comunitarios, medios de subsistencia y hasta cementerios indígenas.

## Las responsabilidades provinciales frente al avance de las topadoras

Las denuncias vuelven a poner en cuestión la política ambiental de la administración de Sáenz. La Provincia tiene la responsabilidad de fiscalizar los desmontes, controlar las autorizaciones y garantizar que se cumpla la legislación vigente. Sin embargo, la continuidad de las intervenciones denunciadas plantea serios interrogantes sobre la eficacia de esos mecanismos y la capacidad estatal para proteger los bosques.

También genera preocupación el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos actualizado durante la actual gestión y acreditado por Nación en octubre de 2025. El esquema reconoce más de 7,5 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales 721.568 corresponden a la categoría verde, donde pueden autorizarse cambios de uso del suelo bajo determinadas condiciones. Organizaciones ambientalistas cuestionaron los alcances de la actualización y advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la protección de estos territorios.

Los registros muestran, además, que el problema se profundizó durante 2026. En el primer semestre, Greenpeace había contabilizado 11.960 hectáreas desmontadas en Salta, aproximadamente el doble que en igual período de 2025. Para septiembre, la cifra ya superaba las 20.000 hectáreas. El avance continuó pese a las advertencias ambientales y las denuncias sobre intervenciones en el norte provincial.

El impacto no se limita a la desaparición de árboles. La destrucción del monte altera los ciclos del agua, favorece la degradación de los suelos, amenaza la fauna y reduce los recursos de los que dependen numerosas comunidades originarias. En territorios donde el bosque representa alimento, medicina, trabajo e identidad, cada intervención significa también una pérdida para quienes viven allí.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial debe dar explicaciones sobre las autorizaciones concedidas, las inspecciones realizadas y las sanciones aplicadas. No alcanza con disponer de mapas de conservación y normas ambientales si los mecanismos de fiscalización no consiguen evitar que los desmontes sigan avanzando.

Salta perdió 20.122 hectáreas de cobertura forestal en apenas nueve meses. La cifra representa una advertencia sobre el deterioro de un patrimonio natural que tardó décadas en formarse y que puede desaparecer en cuestión de días. La gestión de Gustavo Sáenz tiene bajo su responsabilidad la protección de esos recursos y debe demostrar con controles efectivos que la conservación del bosque no queda relegada frente al avance de las actividades productivas.

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