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# Territorio, amenazas y silencio político: fuerte denuncia de la Comunidad Diaguita contra la intendenta, el senador y el diputado de Cafayate

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**La Comunidad Diaguita Kallchaki de Tolombón** denunció una situación que, lleva años sin encontrar una respuesta efectiva de las autoridades. En una carta abierta titulada “**¡Basta de impunidad, basta de destruir nuestro patrimonio!”**, la comunidad denunció avasallamiento de su Territorio Ancestral, amenazas, hostigamiento y daños sobre espacios protegidos por la legislación nacional.

El reclamo no se limita a un conflicto territorial. **La comunidad sostiene que desde 2016 se suceden hechos que afectan su vida cotidiana y sus derechos ancestrales como quema intencional de corrales, rotura del canal de riego comunitario, destrucción de cercas, deterioro de un sitio arqueológico protegido por la Ley 25.743 y cierre de caminos vecinales.**

Estas situaciones habrían provocado el aislamiento de familias y dificultado la circulación de personas no videntes y adultos mayores con movilidad reducida. También denuncian obstáculos para acceder a servicios esenciales como salud y abastecimiento, mientras crece el temor por la integridad física de quienes viven en el territorio.

**Uno de los puntos más delicados del reclamo está relacionado con la denuncia contra Roberto Peñalba, a quien la comunidad señala por portar armas de fuego y efectuar disparos dentro del territorio**. Frente a esta acusación, reclaman una investigación penal y medidas urgentes que permitan garantizar la seguridad de las familias.

Pero el cuestionamiento más fuerte apunta hacia quienes, según la propia comunidad, conocen desde hace tiempo lo que ocurre y no habrían dado una respuesta suficiente.**En la carta aseguran haber informado al Concejo Deliberante de Cafayate, a la intendenta Rita Guevara, al exintendente, al senador departamental, Sergio Saldaño y al diputado provincial, Patricio Peñalba ,a quien además vinculan familiarmente con una de las partes involucradas en el conflicto.**

**La comunidad afirma que todos fueron puestos en conocimiento de la situación y que, pese a ello, “decidieron mirar para otro lado”**. Si bien estas afirmaciones forman parte del reclamo de los integrantes de Tolombón, el planteo se direcciona en qué hicieron las autoridades municipales, legislativas y departamentales después de conocer las denuncias.

También describen dificultades para formalizar sus reclamos. Aseguran haber realizado presentaciones penales y administrativas, pero denuncian obstáculos para concretar notificaciones judiciales, recurrir a un escribano por los costos y hasta enviar cartas documento, debido a las dificultades para acceder a la localidad por falta de personal disponible.

**La situación adquiere una dimensión todavía mayor por tratarse de un territorio con protección patrimonial. El territorio ancestral de Tolombón fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto N.º 21.483 de 1944 y, además, la comunidad reclama que se respete la protección del patrimonio arqueológico establecida por la Ley 25.743.**

La comunidad exige una medida para proteger sobre todo el Monumento Histórico Nacional, una investigación penal por las amenazas con arma de fuego y los presuntos daños al patrimonio, además de la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Defensoría del Pueblo.

También **reclama el cumplimiento del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, normas que establecen obligaciones vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas.**

El caso expone así una situación que combina territorio, patrimonio, seguridad y derechos básicos, pero también deja planteado un fuerte cuestionamiento al poder político de San Carlos. La denuncia de Tolombón sostiene que las autoridades fueron advertidas y que, pese al paso de los años, las respuestas no alcanzaron para detener lo que la comunidad describe como un proceso de avasallamiento.

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