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# Inseguridad, impunidad: La urgencia de reordenar el sistema de custodia penal en Salta

![Opinión - Julio Palavecino (4)](/download/multimedia.normal.b144250a1298b446.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La reciente recaptura de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, tras más de cinco meses en condición de prófugo, pone un punto de inflexión necesario sobre un hecho gravísimo ocurrido en la capital provincial. El despliegue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y las fuerzas de seguridad en la zona del Dique Campo Alegre permitió neutralizar la evasión de un sujeto imputado por homicidio calificado, portación ilegítima de arma de guerra y crueldad animal, restituyendo en parte la tranquilidad social frente a un hecho criminal originado en el barrio Alta Tensión.

Sin embargo, el éxito operativo del procedimiento no debe opacar la discusión de fondo que el caso expone. La fuga de un detenido imputado por un ataque armado de alta peligrosidad desde una dependencia de máxima vigilancia como la Alcaidía General de Salta no representa un episodio aislado, sino una señal de alerta estructural sobre los protocolos de custodia, la vulnerabilidad de las redes de apoyo externo y las fallas en los controles de contención de la delincuencia violenta.

Para la sociedad salteña, que demandaba respuestas firmes y por la cual el Estado debió disponer una recompensa de diez millones de pesos para obtener información certera, la reflexión no puede agotarse en el arresto. La eficacia de la persecución penal y la labor investigativa posterior pierden consistencia si las instituciones encargadas de la guarda preventiva fallan en su función primaria: garantizar que quienes enfrentan graves cargos contra la vida permanezcan a disposición irrestricta de la justicia.

El avance de la causa judicial deberá ahora no solo profundizar las responsabilidades penales del imputado y sus eventuales encubridores, sino también servir de insumo para revisar integralmente los mecanismos de seguridad penitenciaria y policial en la provincia. La prevención del delito y la protección ciudadana exigen rigurosidad técnica, trazabilidad en los procedimientos y una doctrina de seguridad que impida que la impunidad gane terreno por fallas institucionales.

Lic Julio Antonio Palavecino

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