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# Una paradoja del Estado: Reglamentarán el narcotest sin expertos en salud mental

![Opinión - Rodolfo Ceballos](/download/multimedia.normal.9ae542b2737eeda7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

**Por Rodolfo Ceballos, especialista en salud mental y periodista**

Salta dejó constituido, recientemente, su primer grupo de trabajo con profesionales que reglamentará la ley provincial N°8533, promulgada para instrumentar el narcotest a los funcionarios del Estado.

El grupo debe definir los criterios médicos, toxicológicos y legales que tendrán los exámenes. Asegurar controles periódicos, organizar pruebas regulares y sorpresivas, con derecho a contraprueba. Todo bajo estricta confidencialidad para proteger la identidad y los resultados de los funcionarios sometidos al test.

El grupo de trabajo tendrá que invitar al Poder Judicial a participar en la reglamentación para reforzar la legitimidad institucional. Supervisar, también, la inclusión municipal; así, el narcotest se extiende a intendentes, concejales y funcionarios locales.

Como hacen otras provincias, Salta aspira a que la prueba detecte qué funcionarios de los tres poderes están en condiciones físicas y psíquicas para trabajar en el Estado.

Los que trabajan en el encargo no formaron un conjunto de expertos, sino una comisión mixta, de carácter político-institucional y transversal a los tres poderes del Estado.

Un experto en consumo problemático de sustancias sabe identificar, evaluar y orientar casos dentro de instituciones públicas, garantizando, con transparencia, un abordaje clínico, psicosocial y preventivo.

Las personas que integran la comisión no son expertas en psiquiatría ni psicología clínica para detectar adicciones en el ámbito del Estado.

Este grupo de trabajo funciona como un órgano político-técnico coordinado por el Ejecutivo provincial (encabezado por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud Pública), con consultores externos, e integrado por representantes designados de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y profesionales del Ejecutivo.

Por la falta de expertos en salud mental, el diseño del modelo para instrumentar el narcotest puede dejar soslayada la esencia de la reglamentación, que es abordar a las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental.

La ley nacional de Salud Mental y la provincial de adicciones consideran que el consumo problemático de drogas, tanto legales como ilegales, se reconoce jurídicamente como un problema de salud mental y se garantiza a las personas afectadas los mismos derechos y garantías que a quienes tienen otros padecimientos psíquicos.

En el arranque del diseño del modelo del narcotest, los reglamentadores no pueden asumir exclusivamente una forma científica o de asesoría técnica general. No se trata tampoco de discutir -en el seno del grupo de trabajo- una teoría psicosomática del consumidor.

Para asegurar el abordaje que las adicciones demandan al Estado, no alcanzan los especialistas de la casuística pública y privada reunidos en comisión; hay complejidades humanas que aparecen en un narcotest, por más que esté estandarizado. Con la integración de los expertos que hoy faltan, se asegura la creación de un modelo de aplicación que no sea sesgado hacia un control solo punitivo, sino que incluya prevención, asistencia y respeto a los derechos humanos.

La obligación del Estado es dar confianza pública en el nacimiento de la reglamentación y posterior instrumentación de la prueba; así, el narcotest no es percibido por la sociedad como una herramienta más de exclusión laboral, estigmatización social y menos como un etiquetamiento psicopatológico.

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