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# Certificados por discapacidad truchos: Amad habló y puso cifras al escándalo. Hay 5.000 pensiones irregulares bajo la lupa en Anta

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La investigación por la presunta maniobra de pensiones por discapacidad en el departamento Anta tomó una nueva dimensión luego de que el fiscal general federal **Carlos Martín Amad** revelara nuevos detalles sobre el expediente que ya tiene a **15 personas imputadas**, entre ellas el diputado provincial Gerardo Orellana.

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En diálogo con El Caudillo, Amad precisó que dentro del universo de pensiones que se encuentran bajo investigación, **aproximadamente 5.000 fueron detectadas con irregularidades en la zona de Anta**, un dato que dimensiona la magnitud de una causa que comenzó con denuncias por certificados médicos presuntamente apócrifos y terminó exponiendo una posible estructura organizada para acceder de manera fraudulenta a beneficios del Estado.

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El fiscal fue contundente al describir el punto hasta donde llegó la investigación: **“Fuimos directamente a la fábrica de estos certificados apócrifos”**.

Según explicó, la pesquisa permitió identificar personas que habrían cumplido distintos roles en el otorgamiento de las pensiones. La investigación apunta a determinar cómo se confeccionaba la documentación, quiénes intervenían en cada etapa y cómo esos trámites terminaban ingresando al sistema.

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## Dos hospitales públicos bajo la lupa

Uno de los datos más sensibles aportados por Amad es que la investigación alcanzó a **dos hospitales públicos de Anta: el Hospital de El Quebrachal y el Hospital de Joaquín V. González**.

La Fiscalía investiga la presunta utilización de documentación médica irregular y la participación de distintos profesionales y personas vinculadas al sistema sanitario en el armado de los certificados necesarios para acceder a las pensiones. Pero la maniobra no terminaba necesariamente en Anta.

Amad explicó que los trámites eran remitidos **desde la oficina de ANSES de Joaquín V. González directamente hacia Buenos Aires**, donde también existen investigaciones relacionadas con distintos eslabones de esta cadena.

Por ahora, el fiscal aseguró que **no encontró indicadores de una figura superior instalada en la provincia de Salta que estuviera detrás de toda la operatoria**. La investigación, sin embargo, continúa avanzando sobre los distintos participantes y sobre lo ocurrido fuera de la provincia.

## Una causa que puede crecer

La Fiscalía imputó a los involucrados por un abanico de delitos que incluye **asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública**. En algunos casos también se investigan posibles incumplimientos de deberes de funcionario público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.

La causa todavía se encuentra en una etapa inicial. Amad remarcó que resta avanzar sobre buena parte de la documentación y reconstruir los diferentes tramos de la operatoria.

Por eso, aunque las cifras ya son millonarias y el número de pensiones bajo sospecha resulta extraordinario, desde la Fiscalía advierten que todavía queda mucho camino por recorrer para determinar responsabilidades individuales y dimensionar definitivamente el perjuicio ocasionado al Estado.

Todas las personas imputadas permanecen en libertad y a derecho. Hasta el momento, la Justicia no detectó elementos que indiquen riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La causa que comenzó en Anta, mientras tanto, ya no parece ser solamente una investigación sobre certificados médicos falsos. **La Justicia busca reconstruir una cadena completa: quién fabricaba la documentación, quién la validaba, quién gestionaba las pensiones, cómo ingresaban los trámites al sistema y quiénes, eventualmente, se beneficiaban con la maniobra.**

Y en ese recorrido aparecen nombres de médicos, funcionarios, empleados y dirigentes políticos que ahora deberán explicar cuál fue exactamente su participación.

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