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# JCMYD: El Gobierno de Sáenz ignoró el voto docente y ahora deberá responder ante la Justicia

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Otra vez la Justicia tiene que intervenir para exigirle al Gobierno de Gustavo Sáenz que haga lo que le corresponde por ley. La Lista N.º 3 Negra Bordó "Confluencia de la Plaza" y la Lista N.º 1 "Derechos Docentes" de SiTEPSa presentaron una acción de amparo por mora luego de que el Ejecutivo provincial demorara, sin explicaciones públicas, la designación de los integrantes de la Junta Calificadora de Mérito y Disciplina elegidos democráticamente por la docencia salteña.

El reclamo apunta a una situación que, según denuncian los docentes, lleva semanas sin resolución. Los representantes fueron elegidos por el voto de sus pares, pero el Gobierno todavía no firmó el acto administrativo necesario para que puedan asumir sus funciones. En otras palabras, las urnas hablaron, pero en el Grand Bourg parecen haber decidido mirar para otro lado.

La Junta Calificadora no es un organismo menor. Allí se definen cuestiones clave para la carrera docente, como puntajes, ascensos y otros procesos administrativos. Mantenerla paralizada no solo posterga a quienes fueron elegidos, sino que también afecta el normal funcionamiento del sistema educativo.

Frente a la inacción oficial, las listas docentes acudieron a la Justicia mediante un amparo por mora, una herramienta legal destinada a obligar al Estado a cumplir con un trámite que demora injustificadamente. El expediente ya fue derivado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 4.ª Nominación para que continúe su tratamiento.

La situación vuelve a exponer una práctica que se repite en la administración provincial: procesos que dependen exclusivamente de una firma terminan demorándose durante meses sin fundamentos claros. Mientras tanto, los afectados deben recurrir a los tribunales para conseguir que el Gobierno cumpla con obligaciones que deberían resolverse en un escritorio y no en un juzgado.

En Salta parece haberse naturalizado que las decisiones democráticas solo se respetan cuando resultan convenientes para el poder. Cuando no es así, los expedientes duermen, las designaciones no llegan y la Justicia termina haciendo el trabajo que debería hacer el Ejecutivo.

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