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# Grave acusación contra una jefa de la comisaria de Santa Lucia: maltratos, presuntos abusos y una serie de irregularidades vuelven poner el foco en la fuerza

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La redacción de **Diario El Caudillo** recibió un escrito atribuido a un grupo de efectivos policiales que prestan servicios en la **Comisaría N° 7 del barrio Santa Lucía**, en el que denuncian una serie de **presuntas irregularidades, malos tratos y situaciones de violencia laboral** que, según sostienen, se vienen registrando desde hace tiempo dentro de la dependencia.

Las acusaciones, cuya autenticidad y veracidad deberán ser determinadas por las autoridades competentes, apuntan contra la segunda jefa de la comisaría, a quien responsabilizan por un supuesto esquema de persecución interna, sanciones arbitrarias y decisiones que, de confirmarse, podrían comprometer el normal funcionamiento de la dependencia policial.

De acuerdo con el escrito recibido por este medio, los efectivos aseguran que la dependencia atraviesa una profunda crisis de personal y que, pese a esa situación, existirían prácticas que agravarían el clima laboral.

Entre los planteos, sostienen que algunos policías serían obligados a conducir móviles oficiales sin contar con la documentación correspondiente. También afirman que la superior aplicaría **presuntas sanciones disciplinarias arbitrarias** contra efectivos que se encuentran con carpeta médica, además de ordenar que personal franco de servicio cubra consignas extraordinarias. Según denuncian, incluso habría casos en los que uniformados fueron buscados en sus domicilios durante sus jornadas de descanso y, si no respondían al llamado, se confeccionaban informes en su contra.

Los denunciantes consideran que esas medidas excederían las facultades de la superior cuestionada y afectarían derechos laborales básicos del personal policial.

El escrito también incluye una denuncia especialmente delicada. Los efectivos sostienen que la jefa habría solicitado aportes económicos al personal para realizar refacciones dentro de la dependencia y aseguran que quienes se negaban a colaborar económicamente eran luego objeto de malos tratos o medidas de persecución.

También expresan dudas sobre el destino del dinero proveniente del cobro de certificaciones administrativas realizadas a civiles que concurren a la comisaría. Según afirman, no se entregarían comprobantes de pago, por lo que solicitan que las autoridades competentes auditen el manejo de esos fondos.

Los denunciantes también describen un supuesto clima permanente de hostigamiento verbal. Señalan que serían frecuentes expresiones descalificadoras hacia el personal, utilizando calificativos ofensivos "inútil", "inoperante", además de amenazas de traslados a destinos alejados como forma de presión.

Otro de los episodios relatados sostiene que la superior se retiraría ocasionalmente de la dependencia para buscar a su hija en la escuela, informando que se dirigía a procedimientos operativos.

Asimismo, el escrito menciona la situación de una efectiva embarazada que, según denuncian sus compañeros, habría recibido un trato inadecuado luego de solicitar autorización para utilizar un calzado más cómodo acorde a su estado de salud.

Los policías también manifiestan que se les exigiría utilizar recursos personales, como teléfonos celulares particulares, para desarrollar tareas propias del servicio, situación que consideran improcedente.

En otro de los pasajes del relato escrito, los efectivos afirman haber intentado comunicarse con el área de Violencia Laboral de la Policía para exponer lo ocurrido, pero sostienen que no habrían recibido respuesta.

Finalmente, el escrito hace referencia a antecedentes personales de la superior cuestionada vinculados a un supuesto tratamiento psiquiátrico previo a su ascenso.

Ante este escenario, los policías solicitan la **intervención urgente del jefe de la Policía de Salta, Walter Toledo, y del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia a cargo de Nicolás Avellaneda**, con el objetivo de que se disponga una investigación administrativa que permita esclarecer los hechos denunciados, garantizar el debido proceso para todas las partes y determinar si existieron o no conductas incompatibles con la función pública.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, **no existe información oficial que confirme la apertura de un sumario o investigación sobre estas denuncias**, ni se conoce una respuesta pública de las autoridades mencionadas.

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