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title: "Presión, extorsión y premios encubiertos: así obliga el Servicio Penitenciario de Salta a vender entradas a su personal"
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tags:
  - "aprietes"
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author_name: "Redacción El Caudillo"
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# Presión, extorsión y premios encubiertos: así obliga el Servicio Penitenciario de Salta a vender entradas a su personal

![imagen portada - 2025-06-28T223810.071](/download/multimedia.normal.aa8f5f81d014a617.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*Enrique Daniel Torres, el "Patrón de las Entradas", ¿supervisa y avala el apriete a los agentes del SPPS?*

Un nuevo escándalo golpea al Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. Según denuncias internas, efectivos de todos los rangos, incluso aspirantes, están siendo obligados a vender entradas para un festival "solidario" organizado por esa fuerza, bajo un sistema de control rígido, presión jerárquica y promesas de beneficios que, para muchos, rozan la extorsión institucional.

A cada agente se le entregaron entradas numeradas una por una, y se los obligó a firmar planillas para dejar constancia formal. De ese modo, la plana mayor mantiene un seguimiento personalizado, sabiendo exactamente quién vendió, cuántas y a quién. La supuesta excusa: que lo recaudado será para “el personal” y “los insumos”.

Sin embargo, el personal denuncia otra cosa: aprietes sistemáticos, reuniones al término de cada turno en el Casino de Suboficiales, y la clara advertencia de que “el que no vende, queda marcado”. Incluso a los que se negaron a vender, se los hizo firmar de todas formas la planilla de control, como constancia de “no colaboración”.

El festival, cuyas entradas se venden a 15.000 pesos, se convirtió en una carga obligatoria para los trabajadores. Y como si fuera poco, a quienes logren vender 10 entradas o más, se les promete el famoso artículo 7°, que otorga 48 horas de franco, convertido en incentivo para forzar la recaudación.

Todo este sistema —según acusaciones— está digitado y avalado por el propio director general del Servicio Penitenciario, Enrique Daniel Torres, quien autoriza, supervisa y selecciona los grupos encargados del operativo de venta. La comisión organizadora, integrada por jefes de distintos sectores, oficia de intermediaria del control y el apriete.

La situación no sólo genera malestar, sino que plantea dudas legales y éticas: ¿puede una estructura estatal exigir a sus subordinados la venta de entradas bajo amenazas solapadas? ¿Qué pasa si un agente no quiere, no puede o simplemente se niega?

Mientras se acumulan testimonios y copias de planillas firmadas, desde el Ministerio de Seguridad todavía no hubo pronunciamiento oficial.

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