



Un hombre armado con un cuchillo atacó a media docena de policías en Tartagal. Algunos estaban desarmados y los efectivos tardaron varios minutos en reducirlo. Hubo un agente herido. Pero mientras los uniformados enfrentan el peligro en la calle, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, brilla por su ausencia. Cuando la crisis exige explicaciones, el responsable político no aparece.
Tras el episodio, la respuesta oficial quedó en manos de voceros policiales que debieron dar la cara sin contar, según lo señalado, con toda la información ni con la responsabilidad política para explicar qué protocolos se aplicarán, qué preparación reciben los efectivos y cómo se protege su integridad. Avellaneda, en cambio, sigue debiendo las respuestas: ¿están preparados los policías para enfrentar situaciones de esta gravedad o se los manda a intervenir con herramientas insuficientes?
La supuesta orden de actuar de manera disuasiva cuando el agresor está a escasa distancia también abre interrogantes. Si los protocolos necesitan actualización, ¿por qué no se anticipó esa discusión antes de que un policía terminara herido? Y las pistolas Taser, anunciadas como una herramienta complementaria, no resuelven nada mientras no haya una decisión concreta de inversión, capacitación y equipamiento.


La seguridad no se administra desde un escritorio ni se resuelve con comunicados. Los policías ponen el cuerpo, pero la responsabilidad de dotarlos de preparación, protocolos claros y herramientas adecuadas es de quienes conducen el Ministerio de Seguridad. Avellaneda debe explicar qué pasó en Tartagal y qué va a hacer para evitar que la próxima intervención termine con consecuencias todavía más graves. El silencio no protege a los efectivos ni reemplaza una política de seguridad.


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