Casación revocó la absolución del exintendente de Morillo, Atta Gerala por el deliberado robo de rieles ferroviarios

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Atta Miguel Gerala, exintendente de Coronel Juan Solá, conocido como Morillo, y lo declaró penalmente responsable por su participación en el robo agravado y el contrabando de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano. La decisión, conocida el 18 de octubre de 2026, cambió el rumbo de una causa que había tenido un primer desenlace favorable para el exjefe comunal y ahora deberá avanzar hacia la determinación de la pena.

La resolución representa un giro judicial en un caso que expuso el desmantelamiento de infraestructura ferroviaria en el norte salteño y la presunta utilización de recursos y vínculos locales para facilitar una maniobra que terminó con el traslado ilegal de material hacia Bolivia. La condena fue dictada por la Sala IV de Casación, por mayoría, y el expediente volvió a la instancia correspondiente para fijar la sanción.

De la absolución a la condena

El 16 de abril de 2026, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta absolvió a Gerala por el beneficio de la duda. Sin embargo, el fallo fue revisado por la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó sin efecto esa decisión y lo declaró partícipe necesario del contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la intervención de un funcionario público y el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado en despoblado y en banda.

El caso no está cerrado: resta que se determine la pena que deberá cumplir el exintendente, conforme a los delitos establecidos en la sentencia de Casación.

Una investigación que comenzó en 2024

La causa tomó impulso durante 2024, cuando una investigación sobre movimientos ilegales de mercadería permitió detectar rieles ferroviarios almacenados en un depósito de Orán. El material pertenecía al ramal C-25 y, según la acusación, era extraído en sectores del Chaco salteño para luego ser trasladado y comercializado ilegalmente en Bolivia.

El 19 de mayo de 2024, un operativo permitió secuestrar dos camiones que transportaban 180 rieles sin documentación respaldatoria. La pesquisa identificó movimientos en zonas como Pluma de Pato, Dragones y Morillo. En noviembre de ese año, Gerala fue destituido de la intendencia, en medio del avance de la investigación judicial.

El 20 de marzo de 2025, la Fiscalía logró que la imputación contra el exjefe comunal se ampliara de partícipe necesario a coautor del robo agravado. Posteriormente, el Ministerio Público sostuvo que existían elementos que lo vinculaban con el circuito de extracción y traslado del material ferroviario.

Su hijo y otros condenados

El 3 de diciembre de 2025, José Miguel Gerala, hijo del exintendente, fue condenado a seis años de prisión mediante un juicio abreviado por contrabando agravado, cohecho activo y robo agravado. En el mismo acuerdo recibió igual pena el comerciante David Medina. El 12 de diciembre de 2025, Jorge Fernando Cabrera, integrante de Gendarmería, fue condenado a dos años de prisión condicional por cohecho pasivo.

En abril de 2026, el juicio oral había terminado con la absolución del exintendente y una condena contra el policía Mauro Rodríguez, por cobrar coimas para permitir el traslado de los cargamentos. La posterior intervención de Casación modificó el resultado para Gerala.

Morillo, pobreza y un daño que excede las vías

La gravedad del caso adquiere otra dimensión en Coronel Juan Solá, una localidad del departamento Rivadavia, en una de las zonas con mayores carencias estructurales de Salta y del país. Allí, la falta de oportunidades, las dificultades de acceso a servicios esenciales y las necesidades de las comunidades rurales contrastan con una investigación federal que describió una operatoria de extracción y contrabando de bienes públicos.

Los rieles no eran simples piezas de hierro: formaban parte de una infraestructura ferroviaria nacional. Su sustracción implicó el desmantelamiento de un ramal y un perjuicio sobre el patrimonio público. Además, durante la investigación surgieron testimonios sobre la contratación de pobladores de comunidades originarias para cortar y cargar el material, en condiciones que fueron cuestionadas por la Fiscalía.

La condena de Casación establece la responsabilidad penal de Gerala por los delitos señalados, pero no equivale a una sentencia que atribuya de manera general todos los problemas históricos de Morillo a una sola persona. Sí vuelve a poner en primer plano el costo institucional y social de una trama que, según la acusación, operó en un territorio atravesado por la pobreza y la vulnerabilidad.