Bajo la bandera del “desarrollo” y el negociado del gobierno, la minería avanza sobre 3.100 hectáreas de Cerro Negro de Tirao perjudicando el agua y a las comunidades

A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el paraje Cerro Negro de Tirao, departamento de Rosario de Lerma, la presión minera vuelve a poner en riesgo mucho más que una extensión de territorio. En estas montañas se cruzan intereses económicos, disputas por la propiedad de la tierra y un modelo extractivo que amenaza con alterar ecosistemas de alta montaña, comprometer recursos hídricos y poner en jaque las formas de vida de pobladores y comunidades originarias.

El avance de la minería de oro, plata y cobre encuentra en esta región un territorio de enorme valor ambiental y social. Sin embargo, mientras las autoridades presentan la explotación de los recursos naturales como sinónimo de crecimiento, las consecuencias potenciales para quienes habitan estas tierras quedan relegadas frente a los intereses económicos que avanzan sobre el territorio.

La historia de Cerro Negro de Tirao también está atravesada por una controversia sobre la propiedad de 3.100 hectáreas. En 2012, el entonces diputado Arturo Farfán denunció y cuestionó públicamente un trámite de prescripción adquisitiva —conocido como usucapión— y la unificación de matrículas catastrales impulsados por Rodolfo José Urtubey, hermano del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. Aquellas actuaciones despertaron cuestionamientos por la velocidad con la que avanzaban los procedimientos vinculados a tierras relacionadas con figuras cercanas al poder provincial.

Hoy, la disputa vuelve a adquirir relevancia en un escenario marcado por el interés sobre los minerales y la expansión de proyectos extractivos. La tierra deja de ser solamente el espacio donde transcurre la vida de sus habitantes y se convierte en un activo codiciado por quienes buscan controlar los recursos que se encuentran debajo de ella.

La controversia territorial exige transparencia sobre los antecedentes dominiales, los procedimientos administrativos y los intereses económicos involucrados. También obliga a examinar el papel de las instituciones públicas frente a un proceso que puede modificar de manera profunda el destino de una región entera.

El agua bajo amenaza y un ecosistema que no se reemplaza

Cerro Negro de Tirao no es un territorio vacío ni una superficie disponible para cualquier intervención. Es un ambiente de alta montaña, con condiciones naturales particulares y una función relevante en la dinámica hídrica de la región. En un contexto de crisis climática, donde el acceso al agua se vuelve cada vez más estratégico, cualquier alteración de las fuentes, los cauces y las áreas de recarga requiere controles rigurosos y evaluaciones ambientales integrales.

La minería metalífera puede demandar grandes cantidades de agua y generar impactos asociados con la remoción de suelos, la apertura de caminos, las perforaciones y la instalación de infraestructura. La magnitud de esos efectos depende de cada proyecto, de su ubicación, de la tecnología utilizada y de las medidas de prevención y control. Precisamente por eso, la fragilidad del ambiente de montaña exige estudios independientes, información pública y garantías concretas antes de avanzar.

Una intervención mal planificada puede modificar escurrimientos, alterar hábitats y comprometer la calidad del agua. Las consecuencias no necesariamente quedan confinadas al lugar donde se instala una explotación: pueden repercutir sobre actividades productivas, poblaciones y sistemas hídricos conectados con otros sectores de la región.

El problema es que los beneficios económicos de la actividad suelen presentarse en el presente, mientras que los riesgos ambientales se proyectan sobre décadas. Si los controles fallan, si las medidas de mitigación resultan insuficientes o si quedan pasivos ambientales sin remediar, las consecuencias recaen sobre los habitantes y sobre el Estado, que termina enfrentando daños que pueden ser costosos y difíciles de revertir.

Comunidades originarias y pobladores frente a un modelo que amenaza su territorio

Detrás de las cifras de inversión y de las promesas de crecimiento existen personas cuya subsistencia depende directamente de la tierra. En la región, la cría de ganado, la elaboración de quesos artesanales y el cultivo de papas andinas forman parte de una economía construida durante generaciones, adaptada a las condiciones de la montaña y estrechamente vinculada con los ciclos naturales.

Estas actividades no representan un obstáculo para el desarrollo. Son parte de la economía local, de la identidad cultural y de los conocimientos que permitieron a las comunidades habitar un ambiente exigente durante décadas. Una transformación territorial que afecte el agua, los pastizales, los caminos o el acceso a los espacios de producción puede comprometer mucho más que los ingresos de una familia: puede debilitar una forma de vida completa.

Para las comunidades originarias, la relación con el territorio tampoco se reduce a un título de propiedad o al valor comercial de una parcela. La tierra está vinculada con la memoria colectiva, las prácticas culturales, la organización comunitaria y la transmisión de saberes entre generaciones.

Por eso, cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios debe garantizar información accesible, participación efectiva y el cumplimiento de los derechos indígenas, incluida la consulta previa, libre e informada cuando corresponda. No alcanza con anunciar inversiones ni con presentar acuerdos empresariales como decisiones exclusivamente técnicas. Las comunidades tienen derecho a conocer los riesgos, expresar sus preocupaciones y participar en las decisiones que puedan transformar su entorno.

A esto se suma el valor cultural y espiritual de los senderos ancestrales por los que descienden los peregrinos de los cerros rumbo a las celebraciones del Milagro. La apertura de caminos mineros, el tránsito de maquinaria pesada, las detonaciones y las modificaciones del paisaje podrían alterar un entorno que forma parte de una tradición profundamente arraigada en la identidad salteña.

Hay patrimonios que no se recuperan con regalías ni se reconstruyen mediante compensaciones económicas. Cuando se pierde un espacio ancestral, se deteriora también una parte de la historia de quienes lo habitaron y lo mantuvieron vivo.

El poder político y la promesa del desarrollo que deja los costos en el territorio

El caso de Cerro Negro de Tirao vuelve a exponer las contradicciones de un modelo que coloca la explotación de los recursos naturales en el centro de su estrategia económica, pero no siempre otorga la misma prioridad a la protección ambiental y a los derechos de las poblaciones afectadas.

Los acuerdos con empresas mineras, las concesiones y las políticas que favorecen la expansión extractiva no pueden evaluarse únicamente por el volumen de inversiones anunciado, las exportaciones previstas o los puestos de trabajo prometidos. También deben medirse por sus consecuencias sobre el agua, la biodiversidad, la producción local y las posibilidades de las comunidades de continuar viviendo en sus territorios.

El discurso del progreso se vuelve insuficiente cuando no explica quién recibe las ganancias, cómo se distribuyen los beneficios y quién asume los daños si las cosas salen mal. Los empleos vinculados a un proyecto pueden ser importantes para una economía local, pero su existencia no elimina la obligación de prevenir impactos ni garantiza, por sí sola, una mejora duradera en las condiciones de vida de los habitantes.

La responsabilidad política es central. El Estado no puede limitarse a facilitar inversiones y después confiar en que los mecanismos de control funcionen por inercia. Debe garantizar fiscalización efectiva, transparencia sobre los convenios, acceso público a los estudios ambientales, protección de las fuentes de agua y participación real de las comunidades involucradas.

También debe explicar qué compromisos asume frente a los riesgos, qué mecanismos de reparación se aplicarán ante eventuales daños y qué garantías existen para evitar que los costos de una explotación privada terminen socializados entre los pobladores y los contribuyentes.

Cuando las decisiones sobre el territorio se toman priorizando la rentabilidad, sin otorgar el mismo peso a la fragilidad ambiental y a los derechos colectivos, el supuesto desarrollo puede convertirse en una transferencia de riqueza hacia unos pocos y de riesgos hacia quienes menos capacidad tienen para afrontarlos.

Una riqueza que puede convertirse en una condena

Cerro Negro de Tirao concentra una disputa que trasciende sus 3.100 hectáreas. Lo que está en juego es el destino de un territorio donde confluyen recursos minerales, agua, producción ancestral, patrimonio cultural y derechos comunitarios.

La riqueza natural de Salta no puede medirse exclusivamente por los minerales que se extraen de sus montañas. También reside en sus fuentes de agua, sus ecosistemas, sus paisajes y las comunidades que sostienen su vida en esos espacios. Destruir o comprometer esos bienes para obtener beneficios económicos de corto plazo sería hipotecar recursos indispensables para las próximas generaciones.

El verdadero costo de la minería no puede calcularse solamente en toneladas extraídas ni en dólares exportados. Debe contemplar lo que ocurre con el agua, la tierra productiva, la identidad cultural y las posibilidades de permanencia de quienes habitan el territorio.

Mientras el poder político exhibe el extractivismo como una vía inevitable hacia el crecimiento, Cerro Negro de Tirao plantea una advertencia y es que ningún proyecto puede considerarse exitoso si su rentabilidad depende de poner en riesgo el ambiente y debilitar los derechos de las comunidades.