“Conejo” Martínez, exintendente que firmó el “Pacto de Güemes” de Sáenz, se fugó cuando iban a detenerlo por narco

Carlos “Conejo” Martínez supo mostrarse junto a Gustavo Sáenz y firmó el “Pacto de Güemes” como intendente de Aguas Blancas. En aquella oportunidad, publicó un mensaje de agradecimiento al gobernador y aseguró que necesitaba de quienes tenían “posibilidades de ayudar” a su municipio.

Hoy, la imagen adquiere otro contexto: Martínez está prófugo después de escapar justamente cuando las fuerzas federales iban a detenerlo en una investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El exintendente es señalado por la Fiscalía como presunto jefe de una organización que habría buscado introducir dinero de origen ilícito en el circuito económico legal. La investigación, impulsada por Procunar y Procelac después de casi dos años de pesquisas, terminó con 32 allanamientos y 11 detenidos.

Entre los detenidos aparecen familiares de Martínez —su hijo, su hija, su exesposa y su actual pareja— además de dos contadores y otros sospechosos. En la audiencia realizada este martes, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso siete prisiones preventivas y otorgó seis meses a la Fiscalía para avanzar con la investigación.

Pero hay un dato que sobresale por encima del enorme operativo: Martínez no estaba cuando fueron a buscarlo. Su fuga generó sospechas sobre una posible filtración que le habría permitido conocer de antemano el procedimiento. Por ahora, esa hipótesis no fue confirmada judicialmente.

De la política a los tribunales

La foto junto a Sáenz corresponde a una etapa en la que Martínez buscaba mostrar una relación institucional cercana con el Gobierno provincial. Al firmar el Pacto de Güemes, agradeció públicamente al gobernador y habló de trabajar “en conjunto” para conseguir respuestas para Aguas Blancas.

No llegó a la intendencia como candidato del oficialismo provincial. Sin embargo, una vez asumido, su relación política con el Grand Bourg quedó expuesta públicamente en actos y documentos como aquel pacto.

El presente judicial es muy distinto. Martínez ya había recibido en diciembre de 2025 una condena en una causa provincial a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. En ese expediente admitió haber accedido y compartido información reservada vinculada con la investigación por el asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez, además de maniobras para obstaculizar la pesquisa. Esa condena corresponde a una causa diferente de la actual investigación federal.

Ahora, mientras la Justicia Federal intenta determinar si encabezaba una estructura destinada a blanquear dinero del narcotráfico, el exintendente permanece prófugo.

La pregunta que queda abierta no es solamente cómo funcionaba la presunta organización investigada. También es cómo alguien que era el principal objetivo de un operativo de 32 allanamientos consiguió desaparecer justo antes de que fueran a detenerlo.